F: Real BetisLa Fiscalía de México investiga la empresa multinacional Prodiel que dirige el presidente del Betis Ángel Haro por una supuesta deuda millonaria. El ministerio público del estado de Coahuila, en México, ha imputado a seis trabajadores de la empresa sevillana, según informa El Confidencial.
Según la información, la multinacional sevillana está siendo investigada por haber subcontratado a Codisa, una empresa que les acusa de adeudarles más de nueve millones de dólares. Según El Confidencial, la empresa de Ángel Haro, a su vez, ha denunciado ser objeto de una “extorsión en toda rega”.
A falta de que los tribunales tomen una decisión al respecto, el juez mantiene por el momento a seis trabajadores de Prodiel imputados por estos hechos: Gonçalo José Dos Santos Franco, Carlos Alberto Duffey Gutiérrez, Gaetano Silipigni, Pedro Antonio Ramos Arjona, Ramón María Rico Morales y Luz María Morgado. Por el momento, la Fiscalía ha pedido como medida cautelar retirar el pasaporte a todos los investigados.
La subcontratación de Codisa se produjo en marzo de 2017 para “el deshierbe y para actividades de movimiento de tierra”, según El Confidencial. Meses después, Codisa denunció a Prodiel por adeudarles en total 9,4 millones de dólares. Dicha cantidad se correspondía “a los trabajos que no se quisieron pagar, a daños y perjuicios ocasionados al retener su maquinaria en el parque, a la quema de un tractor y al robo de un remolque”.
La deuda de Prodiel se divide en cuatro apartados: 4,4 millones de dólares por el tractor quemado y la retención de su maquinaria, 4,54 millones por los trabajos que realizaron en el parte, 2.566 dólares por un remolque robado y 486.262 entre retenciones e intereses cobrados por sus acreedores.
Los últimos acontecimientos han sido que Prodiel a comienzos de este 2019, según El Confdencial, ha presentado una denuncia por extorsión ante la Fiscalía General de la República. En la misma sostienen que “Codisa inició de manera paralela una serie de actos que si se observan de manera aislada parecieran amparadas por la legalidad, un mero ejercicio de la libertad de protesta y expresión que en México existe, sin embargo, una minuciosa revisión de los mismos, nos muestra de manera indiciaria un hecho con apariencia de delito de extorsión”.


















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