La Asociación de Medios se persona contra el juez que ordenó el registro

La Asociación de Medios de Información (AMI) se ha personado como acusación popular en el proceso contra el juez del caso Cursach, Miguel Florit, por el auto en el que ordenó incautar los móviles y ordenadores de los dos periodistas de Europa Press y el Diario de Mallorca, Blanca Pou y Francisco Mestre.

La asociación se ha personado en calidad de acusador popular por considerar que Florit vulneró el derecho de información y la libertad de prensa, ya que, a juicio de AMI, los registros y la incautación de material han supuesto un "ataque" contra este derecho, recogido en la Constitución Española.

Ambos periodistas y medios presentaron una querella por los presuntos delitos de prevaricación judicial, contra la inviolabilidad de domicilio y el ejercicio del derecho al secreto profesional del periodista, que fue aceptada a trámite el pasado 18 de diciembre por el TSJ de Baleares.

La AMI ha recordado en un comunicado que no se puede coaccionar desde las autoridades policiales o judiciales a los profesionales de la información en el ejercicio de sus funciones.

Dudas sobre si ha habido manipulación

Paralelamente, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha respaldado la petición de los periodistas de Baleares que reclaman saber si se ha manipulado, inspeccionado o analizado de cualquier forma el material incautado por el juez instructor del caso Cursach, Miguel Florit.

Tras conocer la decisión del juez de devolver todo el material incautado por la policía a los periodistas de Europa Press y Diario de Mallorca, Blanca Pou y Francisco Mestre, la Federación ha respondido apoyando la petición realizada por los periodistas.

En un escrito con fecha de hoy, la defensa de ambos periodistas solicita a la administración de Justicia que sean citados en "día y hora" y "con debida forma" para la devolución de los aparatos confiscados.

También pide que se les informe por escrito del lugar o lugares donde han estado depositados estos móviles y ordenadores, qué personas han tenido acceso a los mismos y qué inspección, registro, copia o manipulación de los mismos se ha llevado a cabo.

La FAPE y la Asociación de la Prensa de las Islas Baleares (APIB) condenaron desde el primer momento la incautación del material por considerarla "desproporcionada" y una "clara vulneración" del derecho de los periodistas al secreto profesional.

De esta forma, la Federación ha señalado en un comunicado que "el secreto profesional no solo es un derecho constitucional fundamental de los periodistas sino que es un deber que les obliga a mantener la confidencialidad de sus fuentes".