Además, advierte que el dinero que vaya a llegarle al club por el acuerdo entre LaLiga y el fondo CVC no puede ser una garantía hasta que el Consejo Superior de Deportes dé su visto bueno “a la legalidad de la operación financiera”.
El exvicepresidente del Valencia, Miguel Zorío, anunció en una carta abierta al president de la Generalitat, Ximo Puig, su intención de presentar un recurso en los tribunales por la prórroga que al club de Mestalla para que presente un plan para acabar las obras del Nuevo Mestalla a cambio de estudiar mantener algunos de los beneficios urbanísticos que se le concedieron en la Actuación Territorial Estratégica (ATE) para cambiar de estadio cuya cancelación anticipada ha iniciado el Consell por los retrasos.
El exdirectivo pide ”hacer caso de la Abogacía de la Generalitat” y sustituir al promotor de la ATE en un proceso de licitación pública al que anunció que se presentaría ”junto con una gran constructora europea” con las garantías económicas ”necesarias”.
”Con este proceso en marcha, Peter Lim (máximo accionista del club) estaría obligado a asumir el coste de las obras sin poder dilatar más los plazos de ejecución”, señala Zorío, que dice que eso empujaría al inversor ”a poner el dinero que en su día prometió” o a aceptar su propuesta de que el club le recompre la mayoría accionarial y la redistribuya.
Zorío apunta que “según diferentes juristas de reconocido prestigio” es “a todas luces irregular” la opción que ha ofrecido el Consell al club y auguró que la prórroga de 90 días puede costar “al erario público valenciano casi 63 millones de euros”.
“Caducidad primero y prorroga posterior son términos absolutamente incompatibles desde el punto de vista legal, por lo que ya le anuncio que si al final se le ofrece a Peter Lim esta posibilidad, presentaré un recurso en los tribunales”, destaca la carta, que asegura que lo presentará en defensa de la legalidad, de los intereses “públicos ciudadanos y de la SAD Valencia CF”.
Zorío reclama que se sancionen “los incumplimientos de Peter Lim con la ATE y con las administraciones públicas valencianas” y apuntó que deben deben recibir las sanciones previstas, que pueden alcanzar los 63 millones de euros y que por su parte exigirán “que pague el accionista mayoritario del club”.
Además, advierte que el dinero que vaya a llegarle al club por el acuerdo entre LaLiga y el fondo CVC no puede ser una garantía hasta que el Consejo Superior de Deportes dé su visto bueno “a la legalidad de la operación financiera”.
“Si eso se produce, lo hará pasados varios meses y no en menos de 90 días”, subraya el escrito, que dice que aunque el Consell aceptara ese aval “quedaría una segunda derivada”.
“Legalmente la ATE ha sido caducada por la decisión del Consell, y una ulterior prórroga debería pasar por el inicio de todo el proceso administrativo de nuevo, lo que llevaría unos plazos que nunca bajarían de los cuatro años, incluido el reinicio de las obras del nuevo estadio”, señala.
Zorío destaca además que la decisión que se adopte sobre esta cuestión “será clave” en la continuidad de Peter Lim en el Valencia, algo a lo que él ya se ha opuesto públicamente.
