La revocación de competencias de la RFEF a Castilla y León

El pasado jueves informamos en IUSPORT de la revocación por parte de la RFEF a la Federación Territorial de Castilla y León, que preside Marcelino Maté, de las competencias respecto a la Tercera división. 

Como es sabido, el asunto viene motivado por el contencioso que enfrenta al Real Burgos con la Federación a cuenta de su reingreso o no en el Grupo VIII de Tercera división. 

El pleito tiene como punto de inicio un auto de un juzgado de Valladolid de agosto pasado, que  concedió al Real Burgos una medida cautelar que obligaba a la Federación a incorporarle de inmediato en dicha categoría.

Inicialmente, la Federación de Marcelino Maté acató el auto y reestructuró el calendario, incluyendo al Real Burgos. 

Sin embargo, la RFEF, apoyándose en que se trata de una competición estatal, lo cual es cierto, instó a la Territorial a retornar al calendario original, sin el Real Burgos. 

Ello no impidió que el pleito, en cuanto a ejecución de la medida cautelar, siguiese adelante hasta el punto de que el Juzgado de Valladolid advirtió a Maté con imputarle si persistía en el incumplimiento, ordenándole nuevamente que ingrese al Real Burgos en el Grupo VIII.

A partir de ahí, la RFEF decide dar un paso más, y hace escasos días revocó las competencias sobre Tercera división a la Territorial.

La estrategia judicial de la RFEF 

La RFEF no está carente de argumentos en este proceso. El primero es la titularidad de la competición, que, ciertamente, le corresponde a ella y no a la Federación Territorial de Castilla y León. 

Pero no es éste  el único basamento con el que cuenta la Federación presidida por Luis Rubiales. También dispone de otros pronunciamientos judiciales favorables a sus tesis. 

Efectivamente, la RFEF cuenta con otro auto sobre la misma petición realizada por el Real Burgos, dictado por un juzgado de Majadahonda, que es el que le corresponde por jurisdicción a la Federación Española, Auto nº 204/2018 de 30 de julio de 2018 del Juzgado de 1ª Instancia nº 7 de Majadahonda, que desestimó la misma medida cautelar cuando fue solicitada por el Real Burgos frente a la RFEF.

Y existe otro procedimiento judicial que también tiene por objeto la inscripción del Real Burgos en Tercera División, que se ha venido siguiendo ante el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Burgos, en el que la parte demandante desistió de la misma medida cautelar. 

Dicho Juzgado dictó Auto nº 458/2018 el pasado 9 de octubre de 2018 declarando su falta de jurisdicción y la competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo para conocer del asunto.

Como puede observarse, la RFEF no se ha tirado a una piscina sin agua. Tiene argumentos para defenderse. 

Ello explica que haya decidido asumir, con todas las consecuencias, la organización del Grupo VIII de Tercera.

Recuérdese que la RFEF no ha sido parte en el pleito de Valladolid, por lo que no se siente concernida por sus decisiones. 

Al contrario, los fallos judiciales en los procedimientos en los que ha sido parte le son favorables en el sentido de no reinscribir al Real Burgos en el Grupo VIII. 

Para la RFEF lo determinante es que este club perdió su militancia en la Tercera División tras su descenso deportivo al término de la campaña 2017/18, y entiende que ningún juez le ha ordenado directamente que incluya al club en una categoría que ha perdido.