Sin ley, sin alto rendimiento y con poco dinero, el deporte salió adelante

El deporte español tenía en 1978 todas las condiciones para perpetuarse en la mediocridad en la que había vivido hasta entonces, salvado de la calamidad por intrépidos como Manolo Santana o Mariano Haro pero ajeno a los métodos profesionales de entrenamiento y con un presupuesto insignificante.

Seis mil millones de pesetas, 36 millones de euros al cambio, destinó el Estado al deporte en el año en que se aprobó la Constitución, una suma que cuarenta años después ha crecido hasta tocar los 180 millones.

La Ley del Deporte, ahora sometida a revisión, no llegó hasta 1990 y, entre tanto, los atletas de alto nivel sobrevivían sin centros de alto rendimiento, sin agencia antidopaje y sin becas, tutelados por el recién nacido Consejo Superior de Deportes (CSD).

El organismo se había creado en 1977, dependiente del Ministerio de Cultura, para sustituir a la Delegación Nacional de Deportes adscrita a la Secretaría General del Movimiento. Pero sus competencias no quedaron definidas con claridad hasta 1980, gracias a la Ley General de la Cultura Física y del Deporte.

En 1978 se nombró director del CSD a Benito Castejón, que se mantuvo en el cargo hasta 1980.

Dos medallas de plata, la del K-4 1.000 en piragüismo y la de Toño Gorostegui y Pedro Millet en 470 de vela, habían sido el pobre balance del equipo olímpico español en los Juegos de Montreal'76.

Pero Herminio Menéndez, integrante del K-4, asegura que 1976 fue "el año en el que el deporte comenzó a abrirse al mundo y a tener conocimiento de los medios con los que trabajaban otros países".

Aquel primer organigrama institucional que deslindó el CSD y el Comité Olímpico, la rudimentaria base legislativa y el progresivo aumento de recursos comenzaron a dar frutos y España volvió en 1980 a tener un oro olímpico, el de Jan Abascal y Miguel Noguer en vela, algo que no sucedía desde los Juegos de Ámsterdam en 1928.

A partir de entonces nunca faltaron los campeones y el deporte comenzó a poner los cimientos de la gran fiesta de resultados que llegó con los Juegos Olímpicos de Barcelona'92.

La Constitución que cumple ahora 40 años no dedica un especial cariño al deporte, al que solo menciona en el artículo 43.3: "Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo facilitarán la adecuada utilización del ocio".

De la redacción de este artículo los expertos en legislación deportiva han criticado la separación entre educación sanitaria, educación física y deporte, así como la indefinición de ese "fomentarán" que obliga a poco.

Por el contrario, elogian que se haga referencia expresa al deporte y que se le sitúe en conexión con la salud.

En el despegue deportivo planificado en la década de los ochenta y consolidado en 1992 tuvo un papel decisivo el aumento del número de instalaciones y su acercamiento (geográfico, económico y social) a todas las capas de la población.

En la base de la pirámide el panorama en 1978 era anodino: solo había en España 25.000 instalaciones deportivas.

Gracias en gran medida a la gestión de los ayuntamientos democráticos surgidos de las elecciones municipales de 1979, los centros para aprender, practicar y enseñar deporte crecieron hasta los 100.000 que se contabilizaron en 2016.

El año en que se aprobó la Constitución practicaba algún deporte el 22 % de la población, 31 puntos menos que en 2015, año del que data la última encuesta de hábitos deportivos.

En la cúspide del sistema, en el máximo nivel competitivo, el gran salto se dio con la apertura de los Centros de Alto Rendimiento. De los nueve existentes en la actualidad, en 1978 solo estaba en funcionamiento el de Madrid, pero con unas instalaciones muy inferiores en cantidad y calidad a las actuales

En 1987 se sumó el de Barcelona, en 1989 el de Sevilla y en 1992 el de Sierra Nevada. Luego siguieron los de Granada (2005), otro en Madrid especializado en golf (2006), Santander (2007), Palma de Mallorca (2007) y León (2010).

Por toda la geografía española se reparten, además, 43 centros de tecnificación deportiva en los que se preparan para competir en la élite muchos de los deportistas que aprendieron a nadar, a saltar o a pegar patadas a un balón en las instalaciones municipales inauguradas por sus ayuntamientos en los primeros años de la democracia.

Carolina Marín comenzó a jugar al bádminton en el gimnasio del Instituto de Bachillerato La Orden de Huelva y Lydia Valentín se apasionó por el deporte, primero el baloncesto y el atletismo, en las instalaciones deportivas de Camponaraya (León), donde adquirió las bases para triunfar en la halterofilia.

Ellas son, además, algunas de las deportistas que encarnan el, quizá, mayor cambio experimentado por el deporte español en los últimos cuarenta años: el 'boom' de resultados en la competición femenina. La Constitución nació sin saber lo que era una mujer medallista olímpica: hubo que esperar a 1992, año en que Blanca Fernández Ochoa ganó bronce en eslalon en Albertville.

En las dos últimas ediciones olímpicas las mujeres obtuvieron mejores resultados que los hombres del equipo español.

Desde la Ley del Deporte de 1990 el deporte de alto nivel "se considera de interés para el Estado", tanto por su estímulo del deporte base como por "su función representativa de España en las pruebas o competiciones oficiales de carácter internacional".

La prometida nueva ley tendrá que plasmar otra realidad, la del deporte que triunfa, pero también la de las mujeres que no disponen de ligas profesionales o encuentran cláusulas antiembarazo en sus contratos. O la del deporte paralímpico, con unos resultados excepcionales y un calado social que ya no tiene marcha atrás.