AFE denunciará ante la Inspección de Trabajo al Rayo femenino

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) ha decidido no esperar más y acudirá al Ministerio de Trabajo. Tan solo un día después de que denunciara la situación del Rayo Vallecano femenino, que entrena sin contrato debido a que el club no ha dado de alta a las jugadoras en la Seguridad Social, el sindicato que preside David Aganzo ha decidido acudir a la administración para que tome cartas en el asunto.

La asociación se ha reunido este martes telemáticamente con el cuerpo técnico y la plantilla del conjunto franjirrojo y ha decidido mover ficha: "Se ha determinado, con el consenso de futbolistas y Asociación, hacer uso del ejercicio al derecho que nos asiste como trabajadores/as y proceder de forma inmediata a interponer una denuncia en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) ante la irregularidad que supone no estar dadas/os de alta en la Seguridad Social, tanto futbolistas como integrantes del cuerpo técnico", afirma en un comunicado oficial.

El sindicato recuerda que "es algo preceptivo para el ejercicio de su actividad profesional, además de que incumplir este derecho que les asiste supone un fraude a la Seguridad Social". Además, AFE ha confirmado que en la denuncia se acompañará "la situación de discriminación que sufren las futbolistas, en comparación a sus compañeros de club en relación a sus condiciones laborales en aplicación de la legislación vigente, apelando al RD 901/2020".

Cabe recordar que la declaración del alta de las jugadoras es una obligación para todos los clubes en la medida en que jurídicamente se constituyen como empresas, tal y como se contempla en el Real Decreto 1258/1987, de 11 de septiembre: "La afiliación a la Seguridad Social es obligatoria para todas las personas incluidas en su campo de aplicación y única para la vida de las mismas y para todo el sistema, sin perjuicio de las altas y bajas en los distintos Regímenes que lo integran, así como de las demás variaciones que puedan producirse con posterioridad a la afiliación". 

El fraude a la Seguridad Social en el que incurriría el conjunto vallecano al permitir esta situación aparece recogido en el artículo 307 ter del Código Penal: "Quien obtenga, para sí o para otro, el disfrute de prestaciones del Sistema de la Seguridad Social, la prolongación indebida del mismo, o facilite a otros su obtención, por medio del error provocado mediante la simulación o tergiversación de hechos, o la ocultación consciente de hechos de los que tenía el deber de informar, causando con ello un perjuicio a la Administración Pública, será castigado con la pena de seis meses a tres años de prisión", reza el precepto.

Además, añade que "cuando los hechos, a la vista del importe defraudado, de los medios empleados y de las circunstancias personales del autor, no revistan especial gravedad, serán castigados con una pena de multa del tanto al séxtuplo. Además de las penas señaladas, se impondrá al responsable la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de tres a seis años", concluye.