¿Para cuándo el deporte de competición en la agenda de responsabilidades públicas?

Van pasando los años y el modelo deportivo español da continuos síntomas de agotamiento. El Informe Deloitte (2018) lo demuestra al considerar, desde diferentes parámetros de comparación, que el modelo español se encuentra en la cola de los modelos de mayor éxito y con los que realmente queremos competir.

Las causas de dicho agotamiento son muy variadas. La transformación de la sociedad, la estructuración territorial del Estado y la creación de modelos estancos y aislados, la profunda crisis económica de los últimos años, el cambio de paradigmas en el deporte profesional muy vinculados a su consideración final como una actividad esencialmente económica, las exigencias del deporte de competición y conexión con el ámbito internacional. Son estos algunos de los elementos que coadyuvan a la visualización de la necesidad de un cambio de modelo.

En los últimos años se han organizado numerosos congresos y se han publicado numerosas contribuciones que se sitúan, precisamente, en el diagnóstico y el pronóstico sobre los problemas y cómo arreglarlos. Muchos de nosotros hemos convenido en que el cambio de modelo sería mucho más visual si se plasmara en un nuevo Ordenamiento Jurídico.

Algunos o bastantes de los elementos basales del cambio gozan de un cierto consenso social y, probablemente, político pero es cierto que la falta de fe en la necesidad de la transformación y los avatares políticos han ido demorando el cambio de modelo y nos han situado ante una especie de encrucijada que sitúa a los responsables políticos ante la tentación  de anunciar el cambio de modelo y la publicación de una norma como el objetivo central de la política deportiva.

Esto nos conduce a una especie de situación de “todo o nada”. O se publica la ley o no es posible conseguir impulsar la política deportiva. Siendo, sin duda, uno de los que se sitúan entre los que reclaman el cambio de ley es lo cierto, sin embargo, que se puede hacer mucho sin esperar a un cambio radical, profundo, transformador del modelo legal.

Es evidente que la transformación de la sociedad se hace con cambios de modelos legales pero se hace también, y en muchos casos con mayor relevancia, con el diseño de políticas públicas serias, concienzudas, rigurosas y, sobre todo, convenientemente ejecutadas.

En el momento actual se tiene la sensación de que el modelo está agotado pero, también, que el modelo no está suficientemente cuidado. La política de protección al deportista se ha ido degradando hasta ser, prácticamente imposible, saber si existe un política real en esta materia. Desde el ADO, hasta la seguridad social, pasando por las políticas de salud están prácticamente inertes.

Si no fijamos el incentivo asociativo para la creación y la sostenibilidad de clubes y entidades deportivas  -que es un elemento central de la política deportiva- la sensación no es muy desigual y si nos fijamos en el deporte profesional o profesionalizado podemos indicar que se rige por unas reglas económicas de hace dieciocho  años en un mundo como el empresarial en el que la sociedad ha demandado profundos cambios en la gestión y la ordenación de la actividad económica.

El  modelo necesita impulso, coherencia y transformación. Necesita imaginación como ocurrió con las políticas publicas de los años noventa que fueron capaces de organizar el sistema deportivo y de encontrar numerosas formas de colaboración entre los agentes públicos y entre los agentes públicos y privados.

Del ambiente de sinergia, de presencia y de importancia social hemos pasado a un modelo que hace agua – en lo estructural- aunque siga siendo un modelo que nos permite tener éxitos deportivos muy asentados o, totalmente asentados, en un modelo de alto rendimiento que nos lleva a mantener aquellos con mayor o menor dificultad y, sobre todo, con mayor o menor perseverancia en el tiempo ya que, como es sabido, este tipo de modelo tarde en reponer las élites ya que no permite atender a la vez la generación presente y la futura.

En este estado de cosas, la transformación legal es relevante aunque no imprescindible ni condicionante. El Estado debe conocer su papel, debe recuperar su papel e impulsar las políticas deportivas que le corresponden. El modelo constitucional no llama al Estado a un liderazgo de gestión sobre políticas como el fomento de la actividad física, la alimentación, la protección de colectivos específicos, la concepción social y general del deporte.

El modelo constitucional admite en estas materias una política de concertación y de colaboración interadministrativa pero sin olvidar ni transformar un modelo constitucional que otorga la gestión de estas materia a las Comunidades Autónomas, esencialmente. Con esta referencia no se niega la importancia ni la relevancia social de estos objetivos. Unicamente la referencia es de carácter jurídico y competencial.

En los últimos tiempos hemos oído en muchas ocasiones el impulso de la Administración General del Estado (AGE) en esta materia y algunos de los objetivos del nuevo gobierno parece que apuntan igualmente en esta línea lo que nos hace surgir una pregunta clave ¿para cuando el deporte de competición? o, dicho de otro modo, ¿para cuando el interés público por el deporte de competición?.

Desde una perspectiva presupuestaria los 58 millones del presupuesto de 2018 nos alejan todavía del presupuesto de 2007 en la que se llegó a manejar 70 millones. Cualquier otro parámetro económico que se analice tiene cotas de desincremento similares. Se ha reducido notablemente el dinero disponible y, probablemente, es el momento de reclamar que el objetivo del deporte de competición encuentre una relevancia social que muchos creemos que merece.

El deporte de competición necesita dinero, necesita atención, necesita impulso, cariño, reconocimiento y necesita imaginación para localizar los objetivos y tratar de conseguirlos. En este esquema es necesario insistir en que la AGE debe diferenciar con nitidez entre las políticas que puede impulsar y las que debe ejecutar y, dentro de estas, la política de competición está muy necesita de reflexión y de impulso.

La convivencia entre la política de alto nivel y el modelo federativo exige nuevas fórmulas, nuevas ideas, nuevos instrumentos y precisa de una política de concertación y alimentación que mejore su capacidad actual de generar y atraer talento deportivo.

En resumen precisamos de responder a la pregunta de ¿para cuando la atención en el deporte de competición?, en sus estructuras, sus deportistas, sus agentes, sus clubes. Esta es la gran pregunta a la que no hemos dado respuesta en los últimos años lo que ha propiciado una evidente falta de inercia de la que es preciso salir. La solución es planificación, ejecución, impulso y solvencia en el cumplimiento de objetivos comunes.

Como referencia final podemos decir que no cumple menos su función la AGE cuando impulsa el deporte competición que cuando se preocupa de la lucha contra la obesidad. Lo esencial en este modelo constitucional es que cada uno, cada Administración haga lo que le corresponde y el deporte competición es una obligación de la AGE en la gestión supraterritorial y en lo que, ahora, el Tribunal Constitucional ha denominado los aspectos verticales de la gestión inter-subsistemas.

Esta es una obligación esencial y no debería haber complejos en admitirla como tal y ordenarla. El resto es, sin duda, una labor muy loable y muy interesante desde una perspectiva social pero ni es el objetivo esencial de la AGE ni lo excluye la necesidad de impulso y ordenación de la actividad competitiva.

Abdicar del impulso y la ordenación de tus competencias para contribuir a la subvenir necesidades sociales más generales demuestra mucha solidaridad pero nos aleja de la función propia que tiene, también, muchas necesidades.