El Ministerio para la Transición Ecológica anunció el pasado 3 de marzo que no renovaba la concesión de las tres pistas de esquí de la vertiente segoviana (Telégrafo, Bosque y Escaparate), al considerar principalmente que el cambio climático no hacía viable ni sostenible el mantenimiento de la concesión. Y ordenó desmantelar la instalación.
La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha afirmado que se ha recurrido la decisión de Castilla y León de abrir las pistas de Navacerrada porque "incumple de manera muy clara los límites" de esa administración, que debió vigilar por el cumplimiento de la orden de desmantelamiento.
Así lo ha explicado la ministra Teresa Ribera tras presentar los planes de eficiencia energética y movilidad sostenible para Policía Nacional y Guardia Civil, al ser preguntada por el anuncio hecho el lunes por el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, quien dijo que "no hay razones ni políticas ni jurídicas" para declarar el cierre de las pistas de esquí de Navacerrada, por lo que la concesionaria seguirá prestando la actividad.
El Ministerio para la Transición Ecológica anunció el pasado 3 de marzo que no renovaba la concesión de las tres pistas de esquí de la vertiente segoviana (Telégrafo, Bosque y Escaparate), al considerar principalmente que el cambio climático no hacía viable ni sostenible el mantenimiento de la concesión. Y ordenó desmantelar la instalación.
Finalmente la Abogacía del Estado, a instancias del organismo público Parques Nacionales, ha presentado este martes un recurso contencioso-administrativo contra la Junta de Castilla y León por dejación de funciones al no atender el requerimiento para poner fin a la práctica del esquí en esa zona, y el Tribunal Superior de Justicia de la región lo ha admitido a trámite.
Ribera ha lamentado este martes que "desgraciadamente hayamos llegado a judicializar este supuesto, que incumple de manera muy clara los límites de lo que corresponde hacer a las administraciones que velan por el cumplimiento de la norma".
"A nosotros nos preocupa que en la gestión de la responsabilidad de cada cual, la administración autonómica de Castilla y León haya decidido incumplir la norma e ir mas allá del límite temporal de una concesión que ha dejado de estar en vigor ,y por tanto no pueden estar operativas esas instalaciones", ha añadido.
La ministra ha puesto de relieve que la Junta "no ha hecho algo que hubiera debido hacer hace tiempo, que es vigilar por el cumplimiento del desmantelamiento".
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