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El empresario Francisco "Paco"Casal, durante los últimos 20 años alternó su trabajo como representante de futbolistas y ser la cabeza visible de la sociedad Tenfield, titular de los derechos audiovisuales del fútbol uruguayo.
Durante una década Casal, nacido en San Pablo (Brasil), protagonizó un conflicto con la Dirección General Impositiva (DGI) de Uruguay que finalizó con el perdón presidencial de una deuda millonaria.
Días atrás, el diario El País de Madrid informó que Valentín Díaz Gilligan, el subsecretario del presidente argentino Mauricio Macri, ocultó 1,2 millones de dólares en un banco en Andorra de su declaración jurada y argumentó que lo hizo para hacerle un "favor" a Casal.
“Francisco Casal tenía problemas en su país y me pidió el favor. Tenía un juicio con el fisco (DGI) que ganó y no podía figurar. Confiaba en él. La plata nunca fue mía. Además, yo no ejercía entonces cargo público. Era asesor y facturaba como autónomo”, dijo Díaz Gilligan a El País de Madrid. “Pedí que me sacaran. No me parecía bien continuar, ya ocupaba un cargo político. Tenía una exposición pública, no quería estar en una sociedad donde no tenía ningún control. No había incompatibilidad, no era ilegal, pero era una actividad que, además, no me generaba ningún ingreso”, añadió.
En 2002, a DGI denunció que Casal había evadido el impuesto a la Renta y el Patrimonio por las ventas de futbolistas que representaba por un valor cercano a los 9 millones de dólares. Al mismo tiempo, el organismo presentó una denuncia penal contra el empresario por presunta defraudación tributaria, similar a la que anteriormente había presentado el periodista Ricardo Gabito. Ambas denuncias fueron rechazadas por los tribunales de Uruguay.
En febrero de 2008, la Justicia uruguaya embargó los bienes del empresario y de ocho socios por US$25 millones a pedido de la DGI, que luego fijó la deuda en US$ 104 millones.
En noviembre 2011, el entonces ministro de Economía, Fernando Lorenzo, redujo el monto de la deuda de Casal de US$ 104 millones a US$ 10 millones, por la presunta evasión del Impuesto a la Renta de Industria y Comercio (ICIR) y del Impuesto a la Renta de Actividades Económicas (IRAE). Además, redujo el plazo de prescripción de 10 a cinco años.
En 2013 Casal luego de plantear una acción de nulidad contra el procedimiento llevado a cabo por la DGI, amenazó con demandar al Estado en US$ 300 millones por daños y perjuicios. Fue entonces que el expresidente uruguayo José Mujica decidió perdonarle la deuda, lo que motivó su enfrentamiento con quienes eran su vicepresidente y su ministro de Economía, Danilo Astori y Lorenzo.
Según informó El Observador en 2016, Mujica mantuvo previamente una reunión con Astori, Lorenzo, el entonces secretario presidencial Homero Guerrero y Miguel Toma, en la que les comunicó que ordenaría que se deje sin efecto el embargo a Casal. "Antes de firmar eso, me voy. Esto es apocalíptico para la DGI y todo por Casal, que es un hijo de p...", criticó Lorenzo, según consignó la fuente.
Mujica se vio involucrado más tarde en los movimientos políticos que desembocaron en la renuncia de Sebastián Bauzá a la presidencia de la Asociación Uruguaya de Fútbol, quien se vio obligado a hacerlo en la previa del Mundial 2014, en medio de una polémica sobre la seguridad en el deporte y tras perder el apoyo de varios clubes.
En el libro "Figueredo: a la sombra del poder", de los periodistas Emiliano Zecca y Diego Muñoz, se recogen declaraciones del exministro de Turismo y Deporte, Héctor Lescano, quien fue desplazado de su cargo en 2012 en medio de una polémica con Tenfield. El hoy embajador uruguayo en Argentina dijo para el libro que en el caso de Bauzá "hubo responsabilidad de carácter político".
En un reportaje publicado por El Observador en julio de 2016, el expresidente del Club Nacional de Football, Ricardo Alarcón, recordó una reunión celebrada en 2011, donde participaron autoridades de Tenfield, el expresidente Mujica, Eduardo Bonomi y los presidentes de Nacional y Peñarol. “Hasta el gobierno presionó a Nacional y a Peñarol en su momento para que no estuviéramos en contra de la firma de los derechos", dijo sobre esa reunión. "Fue una reunión en la que no se nos dijo: "firmen". Hay otro refrán que dice "a buen entendedor pocas palabras bastan", añadió.








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