Integridad de la RFEF traslada a Competición el incidente de Cala y Diakhaby

En un plazo no superior a un mes, el instructor debe proponer el sobreseimiento o dar a conocer el pliego de cargos con las supuestas sanciones. 

En este segundo caso debe dar traslado a los interesados para que, en un plazo de diez días hábiles, manifiesten las alegaciones que consideren oportunas.

Pasado ese tiempo será cuando el instructor eleve al Comité de Competición el expediente con la propuesta de resolución. Es el órgano disciplinario federativo quien decide finalmente si ratifica la propuesta de instructor.

Infracción considerada como muy grave 

Y luego están las consecuencias disciplinarias si finalmente se prueba que existió por parte de Cala el supuesto insulto. Porque el Código Disciplinario, como ya explicamos en IUSPOR, considera estos actos como muy graves según el punto c del artículo 69: 

“Las declaraciones, gestos o insultos proferidos en las instalaciones deportivas, que supongan un trato manifiestamente vejatorio para cualquier persona por razón de su origen racial, étnico, geográfico o social, así como por la religión, capacidad, edad, sexo u orientación sexual, así como los que inciten al odio o atenten gravemente contra los derechos, libertades y valores de las personas”.

Además, multa de 18.001 a 90.000 euros

Es el artículo 72 del mismo Código donde establece las posibles consecuencias disciplinarias en el caso de la participación activa en actos racistas. Considerando como activa la realización "de declaraciones, gestos, insultos o cualquier otra conducta". 

En el apartado uno deja claro que por la comisión de dichas infracciones podrá imponerse la "inhabilitación para ocupar cargos en la organización deportiva o suspensión o privación de licencia federativa, cuando el responsable de los hechos sea una persona con licencia federativa", como es el caso del futbolista del Cádiz. El artículo continúa exponiendo que "la sanción se podrá imponer con carácter temporal por un período de dos a cinco años..". 

El mismo artículo prevé una sanción pecuniaria para los clubes, técnicos, futbolistas, árbitros y directivos de 18.001 a 90.000 euros. 

Dada la gravedad de la sanción, lo más lógico es que el jugador del Cádiz, si se confirmase la sanción,  se exponga al  artículo 107 relativo a la represión pasiva de conductas xenófobas  y que establece que la sanción será "de un mes a dos años o de cuatro o más encuentros en una misma temporada". En este caso la multa económica oscila entre los 6001 a los 18.000 euros.

Dentro de este ámbito está el artículo 89 relativo a los actos notorios y públicos que atenten a la dignidad y decoro deportivo que establece una "multa en cuantía de 602 a 3006 euros, inhabilitación o suspensión por tiempo de un mes a dos años o de al menos cuatro encuentros, o clausura total desde un partido a dos meses". Y en los mismos términos se expresa el artículo 100 relativo a las conductas graves al buen orden deportivo que habla de la misma cuantía económica y una sanción entre cuatro y diez partidos. 

Sanciones que, de imponerse, siempre podrán recurrirse ante el Comité de Apelación y, en última instancia deportiva, al Tribunal Administrativo del Deporte.