VÍDEO | Mesa de debate en el Congreso sobre la nueva ley del deporte

Dos expresidentes del CSD se han dado cita este lunes en el Congreso de los Diputados para debatir sobre el proyecto de la nueva Ley del Deporte, actualmente en trámite. El plazo de enmiendas finaliza el 17 de febrero.

Las jornadas, convocadas por el Grupo Popular, comenzaron a las 12:00 con una primera mesa de debate bajo el título “Visión general de la Ley del Deporte”, en la que participaron José Ramón Lete, Secretario de Estado para el Deporte 2016-2018, Miguel Cardenal, Secretario de Estado para el Deporte 2012-2016, y Francisco Javier Sánchez, Director General de Deportes de la Región de Murcia. Fue moderada por Javier Merino, diputado y portavoz de Deportes del Grupo Popular en el Congreso.

A las 13:00 tuvo lugar la Mesa “Una perspectiva jurídica de la nueva Ley del Deporte”, en la que participaron María José López, codirectora de la Asesoría Jurídica de AFE, Alberto Palomar, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III, e Irene Aguiar, asesora jurídica especializada en Derecho Deportivo.

VÍDEO DE LA MESA DE DEBATE DE LOS EXPERTOS

María José López mostró su preocupación por la desaparición en el anteproyecto de aspectos que estaban en el anterior, aprobado en febrero de 2019 en la etapa de José Guirao al frente del ministerio de Cultura y Deporte, y habló de "la legitimidad de las asociaciones de deportistas en relación a los convenios colectivos, su presencia en las mesas de negociación", así como la formación de los deportistas

"Este tema es capital para seguir negociando convenios colectivos. Estaba recogido en el anterior anteproyecto y de lo contrario, nos dejaría en una situación precaria, con bastante inseguridad jurídica respecto a nuestra legitimación para firmar convenios colectivos", apuntó.

Irene Aguiar expuso que con la nueva ley el Estado se borra de las dos, es decir, se deja la organización de competiciones y la justicia deportiva al albur de las federaciones, el Estado desaparece. Esto hay que decir que no es un modelo desconocido, ya lo hemos vivido, es el que había en la época anterior a la ley del año 1980, época en la que no había control público de las federaciones.

Esto se terminó con el modelo que implantó el propio gobierno que ahora quiere quitarlo pero no se explica por qué. ¿Por qué queremos volver a ese sistema? ¿Por qué queremos quitar lo que funciona? ¿Por qué queremos quitar lo que nadie ha pedido quitar?

Esto es un cambio que nadie ha explicado. No se explica cómo se deja un sistema que era bueno por otro que ya existió y que no era bueno. Por un lado se pregona que el Estado debe promocionar el deporte y tutelarlo pero en realidad deja de tutelarlo, se quita de en medio, proclama derechos pero cuando hay conflictos no interviene. ¿Quién lo ha pedido, dónde están los fallos y dónde está la explicación? No es un sistema coherente el que decimos que el deporte es interés general y que merece la tutela del Estado pero luego no lo tutelamos.

En la justicia deportiva, a través del Tribunal Administrativo del Deporte, permitiendo a los federados recurrir ante él las sanciones federativas. El Tribunal Administrativo del Deporte es un órgano público, gratuito, especializado -solo trata materia deportiva- y que resuelve con celeridad lo cual es indispensable teniendo en cuenta la especial rapidez que caracteriza a la competición.

Este es el sistema que tenemos, un sistema semipúblico, que hemos tenido los últimos 30 años, que ha contado con amplio consenso y aceptación no solo por parte del mundo del deporte sino también por los dos grandes partidos que han gobernado España, como son el PSOE y el PP y que ha funcionado razonablemente bien.

La nueva ley lo destruye, estableciendo que los federados deberán acudir a la justicia ordinaria, a la jurisdicción civil, que es una jurisdicción lenta, no especializada en deporte, y costosa. Si es lenta ya no vale la pena recurrir, porque para cuando llegue la solución será demasiado tarde. Quien quiera una solución rápida tendrá que acudir a un tribunal arbitral, también costoso. Así que los únicos que van a tener amparo serán aquellos que tengan recursos económicos. Muchos federados, ante este panorama, no recurrirán, porque para qué, y muchas decisiones federativas se convertirán en definitivas. ¿Esto es lo que se busca? ¿Dejar desamparados a los deportistas y clubes? Esto no es proteger sus derechos, concluyó Aguiar.

El profesor Palomar resaltó que la norma "tiene problemas técnicos" y dijo no entender su "compatibilidad con la ley concursal". "Lo que quiere el proyecto es aproximarse a otro tipo de asociación concursal. Tiene un problema central de por qué estas formas asociativas y cómo se va a vigilar la insolvencia de estas", dijo.