El Defensor del Pueblo Catalán investiga la consulta del Govern sobre los JJOO

El síndic de greuges en funciones, Rafael Ribó, ha abierto una actuación de oficio para estudiar los criterios que ha utilizado el gobierno catalán para decidir que en la consulta sobre los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030 sólo puedan participar los habitantes del Alt Pirineu y Aran.

Ribó, que considera que se tendría que considerar la hipótesis del voto de toda la ciudadanía de Cataluña, ha pedido al Govern toda la información sobre el proyecto y poder acceder al informe jurídico que sustenta la decisión de efectuar una consulta popular sólo entre los habitantes del Pirineo.

El pasado 22 de enero, el Govern anunció su intención de llevar a cabo una consulta vinculante, durante la primavera de 2022, sobre los Juegos Olímpicos de Invierno Barcelona-Pirineos 2030.

La propuesta supondría llamar a votar a la ciudadanía de más de 16 años de las comarcas del Alt Pirineu y Aran –Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Alta Ribagorça, Alt Urgell, Cerdanya y Val d'Aran–, pero excluye a las comarcas del Ripollès, el Berguedà y el Solsonès.

La población y los equipos de gobierno de las comarcas pirenaicas no incluidas, en especial Ripollès y Berguedà, han manifestado su disconformidad con este hecho porque consideran que se ven muy afectadas por la decisión de organizar o no los Juegos Olímpicos de Invierno.

Igualmente, algunos de los ayuntamientos afectados han denunciado falta de información sobre la propuesta y alegan que no han sido suficientemente informados sobre lo que se pretende hacer, las posibles inversiones, las afectaciones ambientales, las proyecciones económicas o las infraestructuras, lo que no les permite pronunciarse en relación con la propuesta en una eventual consulta, ni informar convenientemente a la población afectada.

El síndic quiere conocer el informe jurídico elaborado por el Departamento de Acción Exterior y Gobierno Abierto sobre la viabilidad jurídica de la consulta, "teniendo en cuenta la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre las consultas populares no referendarias".

En este contexto, el Síndic ha abierto esta actuación de oficio para estudiar el asunto y ha pedido información al Departamento de Acción Exterior y Gobierno Abierto.

En concreto, Ribó pide tener acceso a dicho informe jurídico y conocer los motivos por los que el Govern sólo considera afectada a la ciudadanía del Alt Pirineu y el Aran y no de otros territorios, y cómo esto se conjuga con el derecho a la igualdad entre los ciudadanos.

También ha pedido información sobre cuál será la muestra poblacional con derecho a voto en la consulta y los motivos que sustentan esta selección de población con derecho a voto.

Ribó también quiere conocer cómo el Govern garantizará información suficiente sobre el proyecto a todos los potenciales votantes.

En este sentido, el síndic ha recordado que, para hacer efectivo el derecho de participación, es necesario "garantizar un conocimiento informado de la población, que incluye conocer el modelo de desarrollo territorial de la propuesta, el impacto económico en el territorio, el impacto ambiental y el impacto social, entre otros".