
De manera paralela, el Juzgado de Instrucción 35 de Madrid acaba de imputarle por delito fiscal y tendrá que declarar el próximo 23 de julio.
La Agencia Tributaria se ha dirigido al Real Madrid a fín de que retenga, por embargo, el sueldo de su nuevo entrenador, el italiano Carlo Ancelotti, hasta cubrir una deuda de 1.420.120,51 euros, según informa El Mundo.
Hacienda ha remitido una orden al club, a la que ha tenido acceso en exclusiva EL MUNDO, mediante la que reclama que todos los ingresos que perciba el nuevo técnico sean puestos a disposición del Fisco para saldar, de una parte, una deuda tributaria de 1.396.875,33 euros y, de otra, 23.245,18 euros en concepto de intereses de demora.
De manera paralela, el Juzgado de Instrucción 35 de Madrid acaba de imputarle por delito fiscal y tendrá que declarar el próximo 23 de julio.
Según la denuncia de la Fiscalía, Ancelotti, con el fin de ocultar su identidad de perceptor de ingresos por este concepto, se valió de un “complejo” entramado de sociedades instrumentales, “cuya única finalidad consistía precisamente en evitar que la Agencia Tributaria conociera al beneficiario de los rendimientos procedentes de la explotación de sus derechos de imagen, de manera que ni él mismo, ni ninguna de dichas sociedades-algunas residentes, al efecto, en un paraíso fiscal-tuviesen que tributar por las cuantiosas cantidades percibidas”.
La denuncia afirma que el entrenador firmó el 1 de julio de 2013 un contrato privado donde “aparentemente” cedía sus derechos de imagen a la entidad Vapia Limited por un periodo de diez años y por un precio de compra de 25.000.000 euros. Un día más tarde dicha entidad nombró apoderado al técnico italiano “otorgándole los máximos poderes de actuación para gestionar los derechos de imagen aparentemente cedidos en virtud del contrato anterior, a cambio del importe de 1 euro”.
A partir de ahora el entrenador deberá decidir si alcanza un acuerdo con el Fisco abonando la deuda tributaria y la multa correspondiente o si, por el contrario, decide oponerse y enfrentarse a un juicio por delito fiscal con el riesgo de que concluya con una pena que implique su ingreso en prisión.






















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