El Gobierno estudia aplicar el '155' a la Federación Española de Fútbol

Altas instancias del Gobierno, por encima de Lete, están escandalizadas ante el hecho de que ya haya nueve investigados por el magistrado Santiago Pedraz que siguen en la dirección federativa.

Inciden en la gravedad de los delitos, entre otros el uso malamente justificado de 1,2 millones de dinero público que se entregaron a la Fundación de la RFEF para los niños del terremoto de Haití.

El Juzgado Número 4 de Majadahonda dilucida si Juan Luis Larrea, como tesorero de ese apéndice federativo, debe acudir a declarar como encausado o como testigo. Esta es la chispa que puede decidir al Estado a intervenir en la Federación a lo 155, para evitar que se repitan sucesos parecidos.

A la lista de los asuntos sospechosos hay que añadir ahora los movimientos de dinero, por importe de decenas de millones de euros, de la Mutualidad de Futbolistas a cuentas de las Federaciones Territoriales, los casi dos millones de euros que la RFEF recaudó de Segunda B por el impago de 16.000 euros por club más el aumento de dos fichas por otros seis mil euros por equipo y los casi 15 millones presupuestados en ‘gastos de competición’ sólo para Segunda B, Tercera y División de Honor juvenil.

La respuesta. José Ángel Peláez, presidente del la Territorial de Cantabria es el encausado que ha visto ampliado su historial judicial por una denuncia por injurias y calumnias que le ha presentado Óscar Garvín, presidente de Proliga.

*Publicado en AS