La plataforma Pro Selecciones Catalanas denuncia la vulneración de derechos fundamentales

La juez Carmen Lamela decretó este lunes prisión sin fianza para los dirigentes de la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural, respondiendo a la petición de la Fiscalía y las reacciones no se hicieron esperar. Unas a favor, otras en contra. Unas reacciones nacieron fruto de escuchar discursos y otras de leer el auto judicial. Quizás, en estas últimas, encontrásemos las más maduras. La plataforma Pro Selecciones Catalanas mostró su profundo rechazo a una decisión que consideran "políticojudicial". La asociación catalana, a través de un comunicado del órgano Taula per la Democràcia consideró "desproporcionada" una decisión que, a su juicio, salpica los derechos fundamentales reconocidos en el orden constitucional.

La entidad dirigida por Gerard Esteva manifestó que dicha decisión supone "un ataque a las libertades de expresión, reunión y manifestación", derechos fundamentales que se reconocen en los artículo 20 y 21 de la Constitución Española respectivamente. La defensa que hace la entidad deportiva hacia los dos dirigentes se fundamenta en que la actitud tanto de Jordi Sánchez como de Jordi Cuixart durante los movimientos prosecesionistas había sido una "actitud cívica y pacífica". 

El órgano muestra su rechazo hacia las acusaciones y las actuaciones judiciales hacia los dos catalanes puesto que, argumentan, "la sedición, el delito por el que se les investiga, es una acusación propia de los conflictos bélicos". Por ello no entienden que se les acuse de un delito propio de las sociedades inestables cuando defienden que sus intervenciones fueron pacíficas. No obstante, es necesario entender la ley, tanto su espíritu como su aspecto material.

La sedición es un delito contra el orden público que se regula en el artículo 544 y siguientes del Código Penal. En el artículo 544 se recoge el tipo general, en el que se destaca que son reos de sedición los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales.

Además, la plataforma considera que, aparte de la libertad de expresión, reunión y manifestación, se han vulnerado "en las últimas semanas en Cataluña" otros derechos fundamentales como los derechos de información, correspondencia y privacidad. Estas acusaciones se deben a las distintas actuaciones de la Guardia Civil y la Policía Nacional en las que, por orden de la Fiscalía, tuvieron que requisar urnas, papeletas y otros materiales relacionados con el referéndum declarado ilegal por el propio Tribunal Constitucional.

Sin embargo, el órgano se muestra dispuesto a "contribuir a la búsqueda de soluciones políticas a la situación actual, impulsando la negociación y la mediación". También recalcan su compromiso en rechazar cualquier "acción" que pueda vulnerar los derechos fundamentales, a la vez que no descartan cualquier "respuesta o movilización pacífica".

La intención de esta plataforma era constituirse como Comité Olímpico Catalán si ganaba el 'Sí' en el referéndum del pasado 1 de octubre y pedir su reconocimiento tanto al Comité Olímpico Español como al Comité Olímpico Internacional. Sin embargo, todas estas acciones están paralizadas debido al embrollo tanto político como social en el que se ve inmerso Cataluña en este mes.

COMUNICADO ÍNTEGRO DE LA PLATAFORMA PRO SELECCIONES CATALANAS

"Ante el hecho de que la Audiencia Nacional cita el lunes 16 por segunda vez a los presidente de ANC, Jordi Sánchez, y Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, en el marco de la causa abierta por un presunto delito de sedición, la Taula per la Democràcia denuncia que esta causa se trata de una acción políticojudicial desproporcionada que supone un ataque a las libertades de expresión, reunión y manifestación. 

Consideramos injustificable la investigación de personas activas de la sociedad civil catalana, que en todo momento han defendido una actitud cívica y pacífica, para las movilizaciones del 20 de septiembre, delante de la sede del Departamento de Economía, y las del 1 de octubre, delante de los colegios electorales. La sedición, delito por el cual se les investiga, es una acusación propia de los conflictos bélicos. Por esto, remarcamos que esta causa está totalmente fuera de lugar.

Remarcamos que las libertades de expresión, reunión y manifestación, y otras que han sido vulneradas las últimas semanas en Cataluña, como las de información, correspondencia y privacidad, suponen un ataque a los derechos democráticos más fundamentales sobre los cuales se sustentan organizaciones democráticas como las nuestras.

Por todo esto, pedimos que se pare esta investigación como un paso necesario para el restablecimiento de la normalidad democrática e institucional del Estado español. La Taula per la Democràcia quiere contribuir a la búsqueda de soluciones políticas a la situación actual, impulsando la negociación y la mediación. 

La Taula per la Democràcia se reafirma en el compromiso manifestado el 27 de septiembre de responder de manera coordinada y continuada delante de cualquier acción que conculque los derechos fundamentales y no descartamos ninguna forma pacífica y consensuada de movilización y respuesta de país. 

Grupo impulsor de la Taula per la democràcia".