El presidente de Uruguay firma un decreto para hacer más transparente al fútbol

Según informa el diario Clarín de Buenos Aires, el presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, aprobó unas horas atrás un decreto, con varias disposiciones que se orientan a ordenar y transparentar las transferencias de los futbolistas profesionales, justamente en un país con gran vocación exportadora de talentos.

Al efecto buscado, se pone enfásis en identificar a todas las partes involucradas en los pases, además de precisar sus montos, origen y distribución del dinero. 

La nueva norma, en su artículo 1° prohíbe a las instituciones deportivas “realizar cualquier tipo de cesión de derechos sobre la prestación de la actividad laboral de un deportista a favor de personas físicas o de instituciones sin personería jurídica reconocida por el Estado”.

A partir de este decreto presidencial, Uruguay se suma a muchos otros países que prohíben a los clubes de fútbol ceder a terceros los derechos de los jugadores. Si bien esta actividad ya estaba prohibida por la FIFA, hasta hace algunas horas la legislación uruguaya la permitía.

El documento firmado por el presidente Tabaré Vázquez establece que los empresarios e intermediarios que incumplan con esta norma serán pasibles a sanciones económicas que van de 5 Unidades Reajustables (UR, unos U$S175) a 4000 UR (unos U$S 140 mil).

El texto del decreto anticipado en la página web de presidencia, agrupa las diversas medidas en dos principales documentos que, previo a cada transferencia, deberán presentar los clubes uruguayos a la Secretaría del Deporte: la declaración jurada y el balance, durante los 90 días posteriores a su aprobación en asamblea.

De acuerdo a la web oficial, la declaración jurada posibilitará identificar con claridad cada una de las partes intervinientes en la transacción, los montos de dinero, su origen, destino y distribución entre las partes, así como las cuentas desde las cuales se opera.

En tanto, los balances permitirán acceder a la información necesaria para verificar las entradas y salidas de los fondos procedentes de cada transferencia y confirmar que la información se corresponde con el contenido de las declaraciones juradas ya presentadas.

Este decreto se enmarca en los compromisos asumidos por Uruguay ante los organismos internacionales, tales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).