Los asambleístas afectos a Villar, alarmados por las denuncias de ilegalidad de la asamblea

A medida que pasan los días, tras las informaciones que van sucediéndose y los avisos dados por LaLiga, son más los asambleístas afectos a Villar que se plantean "desertar" y no asistir o abstenerse en las votaciones de la Asamblea General de la RFEF de este próximo lunes.

Crecen las denuncias de ilegalidad en la convocatoria y en la válida constitución del órgano. IUSPORT ha podido confirmarlo contactando con los distintos estamentos.

Como hemos venido informando, el núcleo duro de la RFEF, representado por Maté, Gascón y Larrea, decidió el martes retirar del orden del día de la Asamblea General los puntos referidos a las cuentas de 2016 y a los "asuntos jurídicos".

Lo primero, debido a un necesario ajuste "meramente" contable, en palabras del presidente interino José Luis Larrea.

Y lo segundo, porque querían dilatar el afrontar la operación Soule, que se ha saldado por el momento con el ingreso en prisión de los dos primeros mandatarios de la Federación: Villar y Padrón.

Decimos todo esto porque, después del estallido de la operación Soule, resulta que siguen controlando la RFEF personas que habían sido designadas a dedo por Ángel María Villar, que está en prisión incondicional por acusaciones muy graves, las más graves que se pueden hacer a un dirigente.

Y esas personas son las que han designado de aquella manera una Junta Directiva, ilegal porque no fue nombrada por el órgano competente (Villar), un presidente ilegítimo (Larrea), porque no pertenecía a la Junta Directiva y por tanto no podía ser nombrado de ninguna manera.

Al no estar designada la Junta Directiva, este órgano no podía constituirse válidamente, de donde resulta que tampoco puede elegir al nuevo presidente, ni siquiera por ser el de más edad. Y a esto se suma una cuestión de incompatibilidad, ya que Larrea sigue siendo presidente de la Federación guipuzcoana y ello no es compatible con la presidencia de la RFEF. 

Y por si esto fuera poco, las mismas personas deciden retirar puntos del orden del día de la Asamblea General del pasado miércoles, de forma ilegal por supuesto, para, luego, convocar, sin respetar la antelación de 30 días, otra Asamblea General para este próximo lunes. Por cierto, cada reunión de la Asamblea tiene un coste aproximado de 90.000 euros, entre dietas y otros gastos.

No se pueden cometer más dislates en tan poco tiempo.

En medio de este panorama, LaLiga alzó la voz y recomendó a sus clubes que no enviaran representantes a las reuniones del lunes, en especial la de la Asamblea General.

Y a los que asistan, la patronal les recomienda que voten en contra de los asuntos sometidos a votación para salvar su responsabilidad respecto a los acuerdos aprobados.

Y es que dentro de los asuntos económicos hay, entre otras cosas, una partida de 18 millones, ahí es nada, que entra y sale del activo y del pasivo como quien cambia de acera.

En resumen, el CSD está viendo cómo la principal organización deportiva del país se hunde en la más absoluta ilegalidad y la presunta corrupción, todo ello no según nosotros, sino nada más y nada menos que según un juez de la Audiencia Nacional, que ha dictado un auto de 44 folios que constituyen la afrenta colectiva de toda la Nación, no sólo del mundo del deporte español.

¿Tiene o no razones el CSD para intervenir la RFEF?

Lete no es partidario de una intervención mayor de que ya se ha producido, al estilo de las que en el pasado se hicieron con Rumasa o Banesto. Los informes que tiene el presidente del CSD apuntan en exclusiva al artículo 43 de la ley del deporte, que contempla solo tres vías de intervención.

Dice el artículo 43

"Con el fin de garantizar el cumplimiento efectivo de las funciones encomendadas a las Federaciones deportivas españolas y a las Ligas profesionales, el Consejo Superior de Deportes podrá llevar a cabo las siguientes actuaciones, que, en ningún caso, tendrán carácter de sanción.

a) Inspeccionar los libros y documentos oficiales y reglamentarios.

b) Convocar los órganos colegiados de gobierno y control, para el debate y resolución, si procede, de asuntos o cuestiones determinadas, cuando aquéllos no hayan sido convocados por quien tiene la obligación estatutaria o legal de hacerlo en tiempo reglamentario.

c) Suspender motivadamente, de forma cautelar y provisional, al Presidente o a los demás miembros de los órganos directivos, cuando se incoe contra los mismos expediente disciplinario, como consecuencia de presuntas infracciones o irregularidades muy graves y susceptibles de sanción, tipificadas como tales en el artículo 76 de la presente Ley".

De esas tres acciones de ejercicio de la tutela del CSD sobre las federaciones ya se han activado dos en el pasado reciente.

Recuérdese que en la época de Cardenal se enviaron inspectores del CSD a la RFEF para exigir la entrega de determinada documentación. Y hace escasos días, la Comisión Directiva del CSD ejerció la tercera, referida a suspensión cautelar de los dirigentes.

Otra vía es la civil. Podria impugnarse ante el juzgado de primera instancia la Asamblea de este próximo lunes, por estar mal convocada y mal constituida.

Como es sabido, los acuerdos de las asociaciones (la RFEF lo es aunque sea de "configuración gelal") pueden ser impugnados ante la jurisdicción civil en el plazo de 40 días. Si un asambleísta impugna la asamblea de este lunes por estar convocada por quien carece de competencia para ello, y sin la antelación de 30 días, además de por la incorrecta constitución del órgano, y el juez asi lo estimase, los acuerdos asamblearios del lunes serían nulos.