El extremo, formado en la cantera del Hércules, pagó el pasado 31 de diciembre dos millones de euros de su cláusula para firmar posteriormente con el FC Barcelona.
El Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) ha paralizado las gestiones que mantenía con el Hércules sobre el uso compartido del estadio Rico Pérez, instalación de la que es propietaria, tras conocer la querella de la Fiscalía contra el club por un presunto delito de alzamiento de bienes en relación a los ingresos obtenidos tras el pago de la cláusula de rescisión del jugador Abdessamad Ezzalzouli ‘Abde’.
El extremo, formado en la cantera del Hércules, pagó el pasado 31 de diciembre dos millones de euros de su cláusula para firmar posteriormente con el FC Barcelona.
El club alicantino mantiene una deuda con la Agencia Tributaria de más de 3,6 millones de euros, pero con el ingreso de la cláusula de Abde no saldó parte de la deuda, sino que la endosó a nombre de su Fundación en una cuenta inactiva de la que, posteriormente, salieron pagos para el propio Hércules.
“En primer lugar queremos manifestar nuestra sorpresa y, por qué no decirlo, decepción, por el hecho de que un club centenario como el Hércules, que concita el cariño y el aprecio de tantos aficionados en la ciudad, pueda verse envuelto en circunstancias de estas características”, comentó este lunes el director del IVF, Manue Illueca.
Posteriormente, el máximo responsable del banco del Consell aseguró que “en este momento, y en tanto y cuanto no se esclarezcan las circunstancias que han dado lugar a la querella interpuesta por la Fiscalía, el IVF paraliza las negociaciones en marcha para alcanzar un acuerdo sobre el uso compartido del estadio Rico Pérez”.
El origen de esta relación entre el club y la Generalitat con el estadio como prenda se remonta a 2010, cuando al Hércules se le concedió a un aval por valor de 18 millones de euros para que solicitara un préstamo con la CAM y saldar así su histórica deuda con la Agencia Tributaria.
El Hércules no cumplió con los pagos de los intereses del préstamo y Aligestión pasó a liquidación, por lo que el IVF, como principal acreedor de la mercantil, acudió a la subasta por la instalación.
El 2017 el estadio pasó finalmente a manos del IVF por 3,7 millones de euros tras acudir el banco del Consell a una subasta pública.
Actualmente, ambas partes estaban en negociaciones para llegar a un acuerdo amistoso y darle un uso compartido a la instalación, si bien el proceso judicial, iniciado en noviembre, estaba suspendido a la espera de un informe de un perito tras reclamar el Hércules una indemnización por los posibles daños y perjuicios que se le provoquen en el supuesto de una resolución del contrato.
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