Los recursos pendientes llenan de incertidumbre la última semana electoral de la RFEF

A una semana de la fecha prevista para que la Federación Española de Fútbol (RFEF) celebre las elecciones a presidente la incertidumbre condiciona el proceso, ya que la resolución de los recursos pendientes antes del lunes 22 puede alterarlo y retrasar la votación.

La reclamación que Jorge Pérez piensa hacer en las próximas horas en vía contencioso-administrativa sobre unas medidas cautelarísimas que el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) no le concedió hace tres días es una de las acciones de las que depende el desenlace.

La otra es la opinión del propio TAD y que puede conocerse esta misma semana, bien a la hora de examinar de nuevo la posible concesión de una medida cautelar, o bien sobre el fondo del asunto. Este tribunal no estimó el pasado día 12 la urgencia necesaria para aceptar la petición de Pérez de suspender el proceso, pero, una vez reciba el informe de la Comisión Electoral de la RFEF, podría valorar de nuevo si concede o no la cautelar.

El exsecretario general de la RFEF y único aspirante a relevar en el cargo a Ángel María Villar, argumentó irregularidades claras y flagrantes, especialmente en la tramitación del voto por correo, para hacer esa petición. Entre ellas dijo que no se sabe el paradero de 973 votos depositados en la notaría y al escrutinio de más de 400 votos irregulares incorporados al proceso.

Ante éstas, solicitó al TAD le medida cautelarísima, para cuya adopción no es necesaria escuchar a la otra parte, encaminada a suspender el proceso electoral hasta que el propio tribunal decida si se repite o no el voto por correo, habiendo solicitado, además, que ello se realice bajo la tutela del Consejo Superior de Deportes (CSD).

El TAD rechazó la petición, pero pidió a la Comisión Electoral que le enviara de forma urgente la documentación del caso para pronunciarse posteriormente sobre si concede la medida caurtelar o entra directamente a conocer del fondo de los recursos.

El proceso electoral continúa

Mientras tanto, la RFEF ha fijado el próximo miércoles día 17 para elegir por sorteo los tres miembros que formarán la mesa electoral para las votaciones del lunes 22, tanto para elegir al presidente como a los miembros de la Comisión Delegada.

En estos momentos solo hay un candidato a presidente, Ángel María Villar, que ocupa el cargo desde 1988. Jorge Pérez no presentó formalmente su candidatura, ni por tanto los avales, en la fecha prevista, el pasado día 5, por entender que la elección de la Asamblea General se hizo de forma irregular y está impugnada.

Villar sí cumplió el formalismo, tras la composición de una Asamblea que le es "favorable" y a la que hasta ahora solo ha tenido que pedir el respaldo con rivales en contra en dos ocasiones. La primera vez fue cuando llegó al cargo hace 29 años frente al andaluz Eduardo Herrera, y la segunda en 2004 con Gerardo González, anterior secretario general, y el exfutbolista Sebastián Losada, en contra.

En julio de 1988, cuando la Asamblea era mucho más amplia, tuvo el respaldo de 216 miembros y 182 apoyaron a Herrera. En noviembre de 2004 98 asambleístas le dieron su confianza y 78 se la dieron a Gerardo González.. Losada no recibió un solo voto.

Haya votaciones o no el lunes, lo que sí ha habido desde que se convocaron las elecciones han sido reclamaciones a la Comisión Electoral, que han desembocado en el TAD, por parte de la oposición, aunque hasta el propio presidente de la Comisión Electoral, Francisco Rubio, denunció a la Fiscalía que se falsificó su firma en escritos sobre "incidencias inciertas" en el voto por correo.

Por otro lado está la denuncia contra el TAD de 17 presidentes de territoriales, por entender que el tribunal conculca su libertad de expresión al obligarles a retirar su firma de un documento de apoyo a Villar.

Y por último, la denuncia de Luis Gil, uno de los colaboradores de Jorge Pérez, por la difusión de su imagen cuando votaba en nombre de un club al que representaba, "sin cometer ninguna irregularidad".

Todo esto son parte de la nómina de reclamaciones del un proceso con más de un año de retraso y que aún puede demorarse más.