
Como saben los lectores de IUSPORT, la competencia en esta materia está atribuida (indebidamente) al CSD por el Real Decreto Ley 21/2020, hoy Ley 2/2021
El Cádiz ha anunciado que va a solicitar a la Junta de Andalucía, no al CSD, autorización para el acceso de público al encuentro que disputará el próximo domingo ante el Elche.
Dice el comunicado del club:
"El Cádiz Club de Fútbol tiene previsto solicitar a la Junta de Andalucía que se permita la entrada de público para el encuentro del próximo domingo ante el Elche Club de Fútbol.
Siempre que se cumplan los requisitos sanitarios, y se reciban las autorizaciones pertinentes, se prevé que un total de 5.000 cadistas puedan despedir la presente temporada en el estadio Ramón de Carranza junto a su equipo, para poner broche final a una excepcional campaña.
Tal y como se anunció días atrás, el acceso será exclusivamente para abonados con prioridad para los 5.000 más antiguos. Se pondrá en marcha en las próximas horas una plataforma digital de confirmación de acceso con todas las condiciones".
Como saben los lectores de IUSPORT, la competencia en esta materia está atribuida (indebidamente) al CSD por el Real Decreto Ley 21/2020, hoy Ley 2/2021.
Lo previsible es que la Junta desestime por este motivo la petición, aunque aún está a tiempo de impugnar ante el Tribunal Constitucional la Ley 2/2021, publicada en el BOE el 30 de marzo, por conculcar las competencias de la comunidades autónomas, asunto que hemos explicado ampliamente en IUSPORT.
Hace un año, cuando surgió el debate sobre la competencia para autorizar la reapertura de los estadios en LaLiga y la ACB, explicamos con todo detalle por qué era inconstitucional la reserva que hizo el Real Decreto-Ley 21/2020 (hoy Ley 2/2021) a favor del CSD cuando todo el mundo sabía que la sanidad es una competencia que ostentan en exclusiva las CCAA.
También contamos cómo, a pesar de esa obviedad, las CCAA desistieron de impugnar la norma ante el Tribunal Constitucional. Para un dirigente autonómico era más cómodo decirle a los clubes de su tierra que el asunto no era competencia suya y que tocaran en la puerta del CSD. Se quitaban un marrón de encima así de fácil. Los dirigentes de las CCAA, sencillamente, no querían ejercer una competencia que les corresponde como propia y aprovecharon la maniobra anticonstitucional del Gobierno central para mirar hacia otro lado.
Pero como suele ocurrir, lo que mal empieza, … peor continúa. Ahora nos encontramos con que, siendo España asimétrica en cuanto a incidencia del COVID, como en tantas otras cosas, resulta que sí puede jugarse con un 25% de público la Eurocopa en La Cartuja de Sevilla (me alegro por los sevillanos), o sea 15.000 personas, autorizado por la Junta, pero no pueden entrar 5.000 aficionados al Sánchez Pizjuán, en la misma ciudad, para presenciar un partido de LaLiga. El mismo porcentaje en el Pizjuán daría unos 12.000 espectadores, pero el Gobierno central no permite ni 5.000.

























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