El seguro deportivo y la salud del deportista, los grandes olvidados

Hace unos días recibí en el mail de la universidad un correo electrónico de un padre que me mandaba una carta en la que me explicaba la trágica consecuencia, en el plano patrimonial, de la aplicación del seguro deportivo a un hijo suyo, deportista de rugby, que había sufrido una importante lesión como consecuencia de la actividad deportiva y había comprobado en la cruda realidad de la aplicación del Real Decreto 849/1993, de 14 de junio, por el que se determinan las prestaciones mínimas del seguro obligatorio deportivo.

Contesté aquel correo indicando que muchos fuimos ya conscientes de la precariedad en la que el legislador español ha sumido a los deportistas. Las prestaciones mínimas no se actualizan desde 1993 y el propio esquema del seguro deportivo no ha sido cuestionado seriamente.

En la respuesta del padre me insistía en el compromiso social de quienes analizamos y estudiamos la realidad del derecho deportivo en la denuncia del modelo. Creo haberme pronunciado en numerosas ocasiones sobre el tema de la salud del deportista pero, desde luego, no va a faltar en mi ordenador un nueva opinión en el intento de subvertir la situación y convencer a los Poderes Públicos de la necesidad de encontrar un modelo diferente en la protección de la salud tanto en los aspectos prestacionales como en los puramente indemnizatorios.

Si se analiza la intrahistoria de dicho seguro se comprueba que cubre dos funciones: la prestacional, ligada a la licencia deportiva y la indemnizatoria, ligada a los accidentes de origen deportivo.

Esta doble finalidad se ha visto sobrepasada desde 1993 hasta ahora porque la realidad, el riesgo y demás circunstancias justificativas de esta opción no son, 24 años después, ni comparables en ninguno de los términos o elementos que quieran considerarse.

Es cierto que el legislador ordeno a la Agencia Española de Protección de la Salud y lucha contra el dopaje que, al menos, el modelo asistencial de protección de la salud tuviera elementos diferentes.

Es cierto, igualmente, que, ahora, que ha perdido dichas competencias puede decirse con claridad que su impulso en la ejecución de la norma fue, simplemente, nulo o, simplemente, inexistente. Concebida, entonces y ahora, desde un modelo inquisitorial que ha demostrado su propia ineficacia general encuentra en materia de salud el umbral de la ineficiencia o de la inacción.

El legislador ordenó un cambio de modelo, al menos en los aspectos prestacionales, pero dicho modelo no se ha llevado a término, no ha tenido impulso, no ha tenido idea, no tiene realidad tangibles y, por tanto, no ha modificado la estructura de los años noventa.

El problema no es solo indemnizatorio (que también). Es un problema de concepción y de entender que la actividad deportiva tiene riesgos , cada vez más importantes y que los Poderes Públicos no han contribuido a su cobertura ni, probablemente, al entendimiento del problema.

Algunas decisiones tan poco pensadas como la denominada licencia única han contribuido al encarecimiento de la prima por la potencial elevación de riesgos y, como dice el refrán “entre todos la mataron y ella sola se murió”.

Unos han mirado para otro lado en la actualización, otros no se vieron el cambio de perspectiva en materia de salud que suponía la reforma de 2013, otros complicaron la licencia y, el resultado es, cuando menos, un lio de proporciones considerables que apasiona a los estudiosos que, muchas veces, envueltos en nuestras disquisiciones no somos capaces de priorizar los seres humanos que practican deporte y deporte de riesgo sin que el marco jurídico de protección y de responsabilidad tenga la actualización, la cobertura y la contingencia necesaria para ser útil.

Que estas palabras sean un recordatorio: la salud y su protección en el marco de los deportistas son una asignatura pendiente tan pendiente que parece de otro ciclo de estudios.