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El Fiscal pide 13 años para el expresidente de la Federación Ecuatoriana por 'lavado de activos'

Efe//Iusport Miércoles, 16 de Noviembre de 2016

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La Fiscalía solicitó hoy trece años de cárcel para el expresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) Luis Chiriboga como coautor de un delito de lavado de activos cuyo monto supera los seis millones de dólares (5.500.000 euros), al igual que para el extesorero de la entidad, Hugo M.

 

Para el excontador, Pedro V., como colaborador en el delito, solicitó diez años de privación de libertad, informó en un comunicado la Fiscalía General del Estado (FGE).

 

En el caso de los dos primeros, el Ministerio Fiscal pidió que se apliquen los agravantes que aumentarían la pena en un tercio.

 

También solicitó que se imponga a los acusados una multa del "doble del monto producto del hecho ilícito".

 

La fiscal Diana Salazar, encargada del caso, consideró en su alegato final del juicio que Chiriboga, quien está bajo arresto domiciliario desde diciembre de 2015, "se aprovechó de su condición de presidente para ocultar recursos ilícitos en las cuentas" de la Federación.

 

Aseguró que "se valió de su cargo y, con pleno conocimiento de sus actos, permitió la transferencia de recursos derivados de actividades ilícitas, a través del Sistema Financiero Nacional" dijo.

 

En cuanto a Hugo M., en prisión preventiva al igual que Pedro V., la representante de la Fiscalía sostuvo que conocía los movimientos y "se habría beneficiado de ellos, al recibir depósitos injustificados en sus cuentas bancarias personales".

 

Pedro V. fue considerado colaborador en el delito por actuar con conocimiento de estos hechos y ayudar "para que los dineros ilícitos sean registrados en las cuentas" de la FEF como "donaciones".

 

Según la Fiscalía, en las investigaciones sobre las transferencias de dinero desde la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) hacia la FEF "se comprobó que los procesados recibieron trasferencias bajo la figura de 'donaciones' por más de dos millones de dólares sin respaldos documentales".

 

También expuso que los acusados "habrían utilizado contratos cuyos manejos contables resultaron intencionalmente confusos" y estimó que "existirían contratos por casi cuatro millones de dólares" (3.700.000 euros) con empresas de los procesados.

 

La investigación de este caso obedeció a los "malos manejos económicos realizados en el período 2010-2015", que incluirían facturas emitidas por "empresas de fachada, modificaciones de asientos contables por falsas donaciones de dinero y apropiación directa de recursos" de la Federación "mediante arrendamiento de inmuebles", agrega la nota.

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