El asunto de la financiación de Tarragona 2017 se ha vuelto contra el Gobierno central, acusado de incumplimiento de unos compromisos económicos que el Consejo Superior de Deportes siempre ha negado que existieran
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El conflicto nace desde la propia articulación de la candidatura. Y es que esta se presenta a partir de un “acuerdo de intenciones”, es decir, un documento que firman dos partes por las que se comprometen a ayudarse y nada más, sin valor jurídico alguno. Este es un dato que se destaca desde el Consejo Superior de Deportes.
Es cierto que había respaldo a la candidatura, pero no llegó a firmarse el correspondiente convenio con aportación concreta vinculante.
De hecho, el CSD recuerda que desde 2012 no se ha apoyado presupuestariamente ningún evento deportivo internacional celebrado en España, habiéndose utilizado siempre la fórmula de la declaración como evento de excepcional interés para fomentar la iniciativa privada. Ver aquí
Esto se refleja en el dossier presentado como candidatura, donde, en propias declaraciones, el Alcalde de Tarragona reconoció que aproximadamente el 80% procedía de la iniciativa privada. El dossier hace referencia a que 30 millones son privados, el 76% de las necesidades ordinarias
Así, el convenio que finalmente se firma en el año 2013 recoge el compromiso de apoyo del Gobierno de España pero no incluyó una subvención concreta, más allá de la colaboración a nivel técnico, en materia de comunicación y de incorporar el evento entre los que pueden generar importantes desgravaciones para los patrocinadores.
Poco después se constituye la comisión interadministrativa que gestiona el procedimiento de desgravación, pero tampoco se concreta ninguna subvención a cargo del CSD.
Según ha sabido IUSPORT por fuentes próximas al CSD, es a partir de 2014 cuando empieza a hablarse de los 12 millones de euros que decían debía el Gobierno central, y desde entonces el Presidente del CSD ha tenido el mismo mensaje: nunca existió compromiso económico alguno del Estado con Tarragona 2017, y por ello se puede pedir que exista colaboración en el marco de un escenario presupuestario muy difícil, pero nunca exigir.
Fruto de estas colaboraciones, desde el CSD nos apuntan la inclusión extraordinaria de la aportación para reformar el Estadio del Nástic, por ejemplo (3 millones), aunque la postura del CSD siguió siendo la misma: no hay compromiso, y si lo hay, que se demuestre documentalmente. Ver aquí
De momento, la insistencia de la Generalitat respecto de la “deuda” del Estado se mantiene, incluso ya elevada a la consideración de causa determinante del aplazamiento de Tarragona 2017, pero no se ha expuesto por las autoridades catalanas qué porcentaje de financiación privada y pública autonómica queda también pendiente.
No se olvide que el total de la aportación pública era solo el 20-25% del total, pero hasta la fecha Tarragona no ha exhibido el documento en el que se materializa el compromiso del Estado por esos 12 ó más millones de euros, que sería el elemento determinante para poder dar la razón a Tarragona 2017 y a la Generalitat en sus reivindicaciones. Ver más






















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