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EDITORIAL DE IUSPORT
EDITORIAL DE IUSPORT Miércoles, 12 de Octubre de 2016

El fútbol espera que el Gobierno desatasque las elecciones en la RFEF

Los últimos acontecimientos producidos en el proceso de aprobación del reglamento electoral de la RFEF ponen de manifiesto un bloqueo de dificil salida

Después de nueve meses de idas y venidas en el proceso de aprobación del reglamento electoral de la RFEF, el martes asistimos a un momento crítico, tras acordar la asamblea de la Federación ratificar el mismo texto reglamentario que aprobó la Comisión Delegada en septiembre y que fue rechazado por el CSD.

 

Dicho de otra manera, el máximo órgano de la RFEF se ha negado a subsanar los últimos reparos puestos por la Comisión Directiva del CSD el pasado 26 de septiembre, optando, en su lugar, por impugnar el acuerdo de ese órgano colegiado ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

 

La asamblea de la Real Federación Española de Fútbol, ojo al dato (ya lo explicaremos después), entiende que los últimos reparos del CSD no se ajustan a Derecho y, por ello, va a pedir al tribunal de lo contencioso que anule el acuerdo de la Comisión Directiva del CSD, declarando, además, que el último texto reglamentario se ajusta a la Orden Ministerial y ordenando al CSD que proceda a su aprobación.

 

Ese es el resumen de lo acontecido en los últimos tiempos en este espinoso asunto que trae de cabeza al fútbol federado español, que no va a tener elecciones a corto plazo, salvo que se produzca un giro radical.

 

Y es que, como suele ocurrir, la vía judicial no resolverá el problema. Pero vayamos por partes.

 

Lo aprobó la Asamblea

 

Como primer dato relevante, hay que subrayar que el acuerdo de aprobación del (mismo) reglamento rechazado por el CSD lo adoptó la asamblea general de la RFEF con el siguiente resultado: 105 votos a favor, 6 abstenciones y ningún voto en contra.

 

De aquí se deduce que la responsabilidad ya no cabe residenciarla en el presidente de la Federación, ni en la reducida Comisión Delegada, sino en la Asamblea General, y dentro de esta, en los 105 miembros que votaron a favor.

 

¿Qué significa esto? Pues que cualquier iniciativa del CSD tendente a que el TAD abra un expediente disciplinario tendría que ser dirigida contra los 105 asambleístas, no contra Villar exclusivamente.

 

Si ello ya de por sí es altamente improbable, por razones políticas, resulta que jurídicamente se le presenta difícil al CSD cualquier intento al respecto. La RFEF, como ya hemos razonado con anterioridad, siempre podrá alegar que no ha permanecido inactiva durante 2016, puesto que ha aprobado varios textos reglamentarios desde la primera comisión delegada de enero, todos los cuales han sido reparados por el CSD, por lo que la no celebración de las elecciones no es imputable exclusivamente a la misma.

 

Y, finalmente, en cuanto al último reparo producido, dirá que no comparte el criterio del CSD y que por ello lo ha impugnado judicialmente, aduciendo que en un Estado de Derecho la defensa de sus intereses ante los tribunales no puede volverse en su contra.

 

Reducida a la mínima expresión la posibilidad de que el CSD denuncie ante el TAD a los 105 miembros de la asamblea de la RFEF, cabe analizar la perspectiva que se presenta en el recurso contencioso-administrativo que la Federación ha anunciado que va a interponer.

 

El recurso contencioso-administrativo

 

Antes de votar, la Asamblea escuchó las explicaciones del asesor jurídico de la RFEF, Kepa Larumbe, sobre las diferencias de criterio con el CSD respecto a los puntos del reglamento rechazados.

 

"El CSD interpreta que se permite la circunscripción autonómica de futbolistas no profesionales solo si el numero es al menos 29 y que Ceuta y Melilla deben elegir a un representante de club entre ambas y Andalucía debe tener un club más representado en la Asamblea General", dijo.

 

Para la RFEF, esto "rompe con el principio de solidaridad entre federaciones de ámbito autonómico", añadió Larumbe.

 

A esto cabe añadir que, en lo sustancial, la Orden ministerial reguladora de estas elecciones federativas no difiere de la anterior y la RFEF no entiende que habiendo aplicado el mismo criterio que en 2012, se encuentren con el reparo del CSD en este punto.

 

Ante esta discrepancia razonada, la Asamblea procedió a votar el mismo texto reglamentario que fue rechazado por el CSD con el resultado antes indicado.

 

Y algo más: también se votó el solicitar amparo al ministro Iñigo Méndez de Vigo, lo que se aprobó por similar mayoría.

 

Pero retomemos la vía del recurso contencioso-administrativo. A nadie se le esconde que esta vía no va a resolver el problema ni a corto ni a medio plazo. Por muy rápido que se sustancie el recurso, los tiempos medios para estos casos rondan el año para obtener una sentencia en primera instancia, con lo que las elecciones no podrían celebrarse hasta finales de 2017, como muy pronto. Y ello, sin olvidar un eventual recurso contra la sentencia que se dicte, con lo que  el asunto podría demorarse varios años.

 

¿Y una medida cautelar?

 

Pues resulta que en este caso no le vemos virtualidad de clase alguna, salvo en negativo. Una eventual suspensión cautelar del acuerdo de la Comisión Directiva conseguiría paralizar el proceso, pero no podría interpretarse como equivalente a una aprobación del reglamento electoral. Si así se entendiese, se estaría anticipando el resultado final del proceso, dejando a este sin objeto.

 

Así, pues, el recurso contencioso no se prevé que resuelva el conflicto.

 

Denuncia ante FIFA y UEFA

 

Por otro lado, como ya hiciera en anteriores ocasiones, parece que Villar se propone denunciar nuevamente al Gobierno de España ante la FIFA acusándolo de "injerencias políticas" en su gestión. Un acto que se suma a otros de similar naturaleza que deja bien a las claras su forma de entender la gobernanza.

 

Sin embargo, a diferencia de lo que acontecía en la época de Blatter, que sí estaba presto a estos desmanes, Gianni Infantino, jurista de profesión, sabe que este tipo de acciones son políticamente incorrectas y jurídicamente frágiles. Los tribunales españoles ya han dejado claro que la RFEF es una asociación constituida de acuerdo a la legislación española e inscrita en un registro público español, por lo que está sometida al ordenamiento de este país y, obviamente, a sus tribunales de justicia.

 

¿Qué hacer ante este callejón sin salida?

 

Parece evidente que los acontecimientos han llevado a un bloqueo de dificil salida, salvo a través del diálogo, y justamente eso es lo que hace tiempo está roto entre el secretario de Estado y el presidente de la RFEF.

 

Ante ello, no queda otra alternativa que una solución política. Y llegados a este punto, la pelota está ya en el tejado del ministro Méndez de Vigo.

 

Es el Gobierno, por mediación del Ministro, el que debe tomar las riendas de un asunto del máximo interés nacional a nivel deportivo y que hasta ahora no ha conseguido resolver la capacidad política del secretario de Estado Miguel Cardenal. Por supuesto, tampoco le ha ayudado Villar, cuya actuación ha contribuido en gran medida a que estemos en esta situación.

 

Y en este sentido, lo que se impone es un cambio de interlocutores. Por parte de la Federación, esta función la realizaba hasta ahora, y con eficacia, Jorge Pérez, pero tampoco puede contarse con él, pues, como ya informamos, fue destituido como secretario general en la misma asamblea. En su lugar, nos parece que Kepa Larumbe es un jurista perfectamente capacitado para este menester, acompañado, lógicamente, de uno o varios directivos que designaría la Federación.

 

Conclusión

 

En definitiva, el Ministro debe dar un paso al frente, promoviendo una mesa de diálogo al más alto nivel, encaminada a desbloquear el reglamento electoral de forma que las elecciones puedan ser convocadas antes de que finalice el año.

 

Por cierto, no sería la única federación que culminaría sus elecciones en 2017. Según han informado a IUSPORT fuentes solventes, roza la media docena el número de federaciones que han iniciado sus procesos en 2016 pero que los terminarán en 2017.

 

Lógicamente, ese pacto llevaría consigo la retirada del recurso contencioso por parte de la RFEF.

 

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