Hacia un nuevo modelo y una mayor regulación de las federaciones deportivas

En el último año hemos sido testigos de cierta agitación en el panorama político mundial: el 20D y el 26J, Roussef, la inesperada ascensión de Donald Trump en EEUU, Venezuela, e incluso un referéndum sobre la permanencia del Reino Unido en la UE. Este fenómeno puede tener su explicación en un descontento generalizado de los ciudadanos con la actuación de sus políticos, y sobretodo, con la escalada de casos de corrupción en los que se han visto envuelto éstos últimos.

Pues bien, el mundo del deporte no ha sido ajeno a este movimiento. A nivel internacional destacan casos como el de la FIFA, la IAAF (Federación Internacional de Atletismo) o la UEFA. En el ámbito nacional, altos cargos de algunas Federaciones Deportivas han sido suspendidos, investigados e incluso detenidos por sospechas de haberse apropiado o utilizado de manera incorrecta el dinero procedente de las subvenciones.

Estamos en año olímpico y la legislación deportiva nacional, concretamente el RD 1835/1991 sobre Federaciones Deportivas Españolas y Registro de Asociaciones Deportivas, establece que deben de convocarse elecciones en la mayoría de las Federaciones. Durante el último mandato, cuatro años desde los Juegos Olímpicos de Londres hasta hoy, han sido frecuentes , por parte del Tribunal Administrativo del Deporte, las inhabilitaciones, la apertura de expedientes e incluso sanciones a varios presidentes de dichas instituciones deportivas.

Con la entrada en vigor de la famosa y ya obsoleta Ley del Deporte de 1990, la figura de Presidente de Federación se profesionalizó, hasta tal punto que en 2014, siete Presidentes ganaban más que el propio Jefe de Gobierno. Dirigir una federación deportiva conlleva una gran responsabilidad y requiere además  muchas horas de dedicación, por lo que el hecho de que reciban una contraprestación económica esta fuera de toda discusión. No obstante, sería necesaria una mayor regulación y control por parte del Estado, sobretodo a la hora de fijar y publicar las cantidades de las retribuciones, ya que no hay que olvidar que aunque se trata de asociaciones privadas, las federaciones deportivas tienen delegadas funciones públicas, actuando en estos casos como agentes colaboradores de la Administración.

Más allá de la remuneración de los máximos mandatarios de las Federaciones,  éstas últimas también gozan de plena autonomía para la regulación de otros aspectos como la gestión de su presupuesto y patrimonio o la duración del mandato de los órganos de gobierno, entendiendo duración como el número de veces que dichos órganos pueden ser reelegidos. Esto, unido a la discreta función de control y tutela desempeñada por el Gobierno, en parte por la presión que ejercen las Federaciones Internacionales, ha permitido y facilitado prácticas delictivas y corruptas en el seno de las Federaciones Deportivas españolas.

Desde 2014, la Ley de Transparencia obliga a las entidades privadas que reciban ayudas económicas del Estado a publicar todos los contratos y convenios suscritos, las subvenciones recibidas y su destino concreto, los presupuestos, cuentas anuales, informes de auditoría y retribuciones de sus altos cargos. Si bien es cierto que el cumplimiento de esta ley por parte de las más altas instituciones deportivas nacionales  aún deja mucho que desear, poco a poco, y probablemente a raíz de los numerosos escándalos ya mencionados, éstas van tomando conciencia y la costumbre de hacer públicos sus datos económicos. Este año electoral es una oportunidad para los nuevos presidentes y sus equipos de gobierno de revertir la mala imagen que en los últimos años han dejado las Federaciones acerca de sus métodos de diligencia y dirección, y de aplicar reformas encaminadas a asegurar una gestión eficiente y transparente.

Por lo pronto, la Real Federación Española de Tenis, como en su día hiciese la FIFA,  ha reformado sus estatutos limitando así el numero de mandatos del presidente y estableciendo principios de transparencia. Estoy convencido de que solo es cuestión de tiempo para que las 65 Federaciones Españolas restantes sigan su ejemplo.