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El juez "libra" a Rosell y Bartomeu y eleva el pacto con la Fiscalía a la Audiencia

EFE//Iusport EFE//Iusport Martes, 12 de Julio de 2016

[Img #24573]El juez de Barcelona que investiga el fichaje de Neymar da Silva por el FC Barcelona ha acordado enviar el caso a juicio, en un trámite para que se ratifique el acuerdo de conformidad entre el club azulgrana y la Fiscalía, que exonera al presidente Josep Maria Bartomeu y a su antecesor, Sandro Rosell.

 

En un auto notificado hoy, el titular del juzgado de instrucción número 22 de Barcelona envía el caso a juicio, que se celebrará en la Audiencia de Barcelona en una fecha todavía para determinar, si bien se tratará únicamente de un trámite para que se de plena validez al acuerdo suscrito entre la entidad azulgrana, la Fiscalía y la Abogacía del Estado.

 

En virtud de este acuerdo, el juez acuerda ya en su auto notificado hoy el sobreseimiento libre en relación al expresidente Sandro Rosell y al actual mandatario azulgrana, Josep Maria Bartomeu, así como de la acusación contra el FC Barcelona correspondiente al ejercicio fiscal del año 2014.

 

En el acuerdo alcanzado con la Fiscalía y la Abogacía del Estado, el FC Barcelona reconoce haber cometido dos delitos fiscales en el fichaje del internacional brasileño Neymar da Silva, en los ejercicios 2011 y 2013, y se compromete a pagar una multa de 5,5 millones de euros, a cambio de exonerar de cualquier delito a Bartomeu y Rosell.

 

El juez ha acordado enviar el caso a juicio para ratificar el acuerdo, después de que la semana pasada rechazó que se personara en el procedimiento el expresidente azulgrana Joan Laporta, que pretendía evitar que fructificara la conformidad.

 

Los detalles

 

Barcelona, la Fiscalía y la Abogacía del Estado ha firmado un acuerdo por el que la entidad azulgrana admite dos delitos contra la Hacienda Pública en el fichaje del delantero brasileño Neymar da Silva y acepta pagar una multa de 5,5 millones de euros.


El acuerdo también incluye el archivo de la causa para el presidente el FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, y el expresidente Sandro Rosell, para quienes el fiscal había pedido dos años y tres meses de prisión y siete años y seis meses, respectivamente, por diferentes delitos fiscales.


La entidad azulgrana admite haber cometido un delito fiscal en 2011, cuando pagó a N&N, la empresa de los Neymar, 10 millones de euros para hacerse con los derechos del jugador en 2014, y otro en 2013, cuando pagó a la misma sociedad otros 40 millones en concepto de penalización por fichar al futbolista un año antes de lo previsto.


En esos dos contratos, el Barça defraudó 9,3 millones de euros según la Agencia Tributaria, que considera que ambos pagos debían haber sido declarados como salario del jugador y no como prestación de servicios de persona jurídica.


A esos 9,3 millones hay que sumarle los 5,5 millones de multa. En total 14,8 millones, de los que el club ya pagó 13,5 millones, en una declaración complementaria que presentó nada más conocer su condición de imputado.


El ministerio público reclamaba una multa de 22,2 millones.


Además, como responsabilidad civil, el fiscal solicitaba 9,55 millones para Rosell y el club solidariamente y 1,9 para Bartomeu y la entidad conjuntamente, según el escrito de acusación.


Entre multas e indemnizaciones, los dirigentes y el club se enfrentaban a tener que abonar 62,6 millones, por lo que el Barça hubiera tenido que provisionar más de 90 millones de euros en concepto de fianza antes de la celebración del juicio.

 

La otra causa penal


Por otro lado, hace dias se ha archivado la otra causa penal por la querella interpuesta por la empresa DIS, que tenía el 40% de los derechos federativos de Neymar.


DIS solo percibió ese porcentaje de los 17,1 millones que el Barça dijo haber abonado por el brasileño al Santos, cuando el fichaje le costó, según se desprendía de las investigaciones de la Audiencia Nacional en la causa anterior, un total de 83,3 millones.


El acuerdo extrajudicial determina como salario del jugador casi todos los conceptos que antes eran considerados como traspaso, una interpretación favorable a los intereses de la entidad azulgrana y del Santos en su contencioso con DIS, que aún podría tener recorrido en la vía civil. 

 

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