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Actualizada Domingo, 22 de Noviembre de 2026 a las 11:05:34 horas

EDITORIAL DE IUSPORT
EDITORIAL DE IUSPORT Domingo, 22 de Noviembre de 2026

Florentino Pérez, el estamento arbitral y la Comisión Antiviolencia

Europa PressEuropa Press

Las declaraciones de Florentino Pérez sobre el estamento arbitral durante la asamblea general del Real Madrid celebrada este sábado, abren un debate que va mucho más allá de la legítima discrepancia con el colectivo arbitral y de las críticas a la actuación de sus miembros. 

 

El tono y el alcance de algunas de sus manifestaciones podrían justificar que la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte examinase su contenido para determinar si traspasan los límites de la crítica institucional y pueden contribuir a generar un clima de hostilidad hacia los árbitros.

 

El presidente del Real Madrid aseguró que «el estamento arbitral ve al Real Madrid como un enemigo» y sostuvo que determinados colegiados, a los que vinculó con la etapa de José María Enríquez Negreira al frente de la vicepresidencia del Comité Técnico de Árbitros (CTA), han denunciado al club y posteriormente han sido designados para dirigir sus encuentros.

 

No se trata de cuestionar el derecho de Florentino Pérez a reclamar explicaciones sobre el caso Negreira. La libertad de expresión ampara la crítica, incluso cuando es especialmente dura con las instituciones deportivas. Pero ese derecho no convierte en irrelevante la responsabilidad que acompaña a las palabras de quien preside una de las entidades futbolísticas con mayor influencia y proyección pública.

 

La responsabilidad de quien tiene un altavoz como el Real Madrid

 

Hay una cuestión especialmente delicada en el mensaje del presidente madridista: no se limitó a cuestionar decisiones arbitrales concretas, sino que presentó al conjunto del estamento arbitral como un colectivo enfrentado al Real Madrid. La afirmación de que los árbitros consideran al club un enemigo generaliza una sospecha sobre todo un colectivo profesional y puede alimentar la percepción de que existe una actuación coordinada contra una entidad y sus aficionados.

 

A ello se añade la insistencia en que hay árbitros que fueron ascendidos durante la etapa de Negreira y que posteriormente han denunciado al Real Madrid. Son afirmaciones que, en un contexto de enorme tensión alrededor del arbitraje, pueden contribuir a alimentar la desconfianza y el señalamiento público de los colegiados.

 

El problema no está en reclamar transparencia, sino en el riesgo de convertir a los árbitros en destinatarios de una sospecha colectiva. En el fútbol actual, donde las decisiones arbitrales generan reacciones inmediatas en las redes sociales y en las gradas, los mensajes de los máximos dirigentes tienen una repercusión que no puede ignorarse.

 

La exigencia de una renovación del arbitraje y las reclamaciones de investigación sobre el caso Negreira forman parte del debate deportivo. Sin embargo, cuando esas críticas se acompañan de acusaciones generalizadas de hostilidad y de referencias a un supuesto fraude que habría afectado a todo el sistema, resulta razonable preguntarse qué consecuencias pueden tener sobre la percepción que los aficionados tienen de los árbitros.

 

La Ley contra la violencia en el deporte

 

La cuestión no es únicamente ética o de responsabilidad institucional. También tiene una posible dimensión jurídica.

 

La Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, contempla expresamente las declaraciones públicas que inciten a la violencia o contribuyan significativamente a crear un clima hostil, antideportivo o que promueva el enfrentamiento físico en el ámbito deportivo. Así lo recoge su artículo 2.1.e.

 

Además, el artículo 34.1.a contempla como infracción muy grave las declaraciones públicas de directivos de clubes y sociedades anónimas deportivas que inciten a sus equipos o a los espectadores a la violencia, en los términos previstos por la propia ley.

 

Una responsabilidad que no puede eludirse

 

Florentino Pérez no es un aficionado que expresa su enfado después de una decisión arbitral. Es el presidente del Real Madrid, una institución cuya influencia mediática y social multiplica el alcance de cualquier mensaje que transmite su máximo representante. Esa posición exige una responsabilidad proporcional al altavoz que utiliza.

 

La Comisión Antiviolencia tiene entre sus funciones proponer a las autoridades competentes la adopción de medidas sancionadoras cuando aprecia posibles incumplimientos de la Ley 19/2007.

 

Por tanto, el examen de unas declaraciones de esta naturaleza no sería una intromisión en la libertad de expresión, sino una posible actuación de prevención y protección del propio espectáculo deportivo.

 

Hay, además, una contradicción que merece ser señalada. Si el Real Madrid reclama respeto, transparencia y credibilidad para el arbitraje, debería contribuir también a preservar la integridad profesional de quienes ejercen esa función. Se puede denunciar el caso Negreira, exigir responsabilidades y reclamar una profunda reforma del sistema arbitral sin presentar a todos sus integrantes como adversarios del club.

 

La lucha contra cualquier irregularidad en el fútbol no puede convertirse en una justificación para alimentar la hostilidad hacia los árbitros.

 

Se trata de evitar que el enfrentamiento institucional termine trasladándose a los terrenos de juego y a las gradas, donde los colegiados pueden convertirse en el blanco de insultos, amenazas o agresiones.

 

La Comisión Antiviolencia debería, al menos, examinar las palabras de Florentino Pérez y determinar si su alcance y contexto pueden encajar en alguno de los supuestos previstos en la legislación.

 

No se trata de anticipar una sanción ni de afirmar que se ha cometido una infracción, sino de aplicar los mismos criterios de prevención y responsabilidad que se exigen al resto de protagonistas del fútbol.

 

Porque la violencia en el deporte no comienza necesariamente con una agresión. A veces, antes de que alguien levante la mano contra un árbitro, se ha instalado un discurso que lo señala como enemigo.

 

Y quienes tienen la máxima responsabilidad en el fútbol deberían ser los primeros interesados en evitarlo.

 

El precedente de mayo de 2026

 

En mayo de 2026, la Asociación Española de Árbitros de Fútbol (AESAF) presentó denuncias ante Antiviolencia contra Florentino Pérez y Real Madrid TV.


La asociación consideraba que determinadas manifestaciones del presidente y los contenidos difundidos por la televisión del club incrementaban la presión y el señalamiento sobre los árbitros, generando un clima susceptible de favorecer la hostilidad y la violencia.

 

En concreto, el 21 de mayo de 2026, la AESAF presentó dos denuncias independientes ante Antiviolencia: una, contra Florentino Pérez, por sus declaraciones del 12 y 13 de mayo, en las que acusó al colectivo arbitral de corrupción sistémica, robo de títulos y enriquecimiento ilícito, y otra contra el Real Madrid y Real Madrid TV, por la difusión reiterada de vídeos críticos con los árbitros. 


Esto es relevante porque, aunque Antiviolencia desestimó las denuncias de mayo, las manifestaciones de Florentino del 21 de noviembre no se producen en un contexto aislado, sino dentro de una confrontación pública prolongada entre el Real Madrid y el estamento arbitral.

 

Como mínimo, estas declaraciones merecerían una censura pública y explícita de la Comision Antiviolencia por el peligroso efecto que pueden causar.

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