Federaciones deportivas extremeñas y normativa sobre transparencia

El pasado 10 de diciembre de 2013 fue publicada la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. El objeto de la misma es incrementar la transparencia de la actividad pública, reconocer y garantizar el acceso a la información por parte de los ciudadanos y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos.

Entre las entidades obligadas a cumplir con las obligaciones que se derivaban de sus preceptos, además de las administraciones públicas, se encuentran desde la entrada en vigor de los títulos I y II un año después, el 10 de diciembre de 2014, “las entidades privadas que perciban durante el período de un año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 euros o cuando al menos el 40 % del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 euros”.

Quedan de esa manera obligadas las federaciones deportivas en tanto que son entidades que ejercen potestades administrativas por delegación y que perciben subvenciones o ayudas públicas. Por ello, estas deben publicar tanto la información institucional y organizativa como la económica, presupuestaria y estadística con el fin de profundizar en la transparencia de su actividad. En la práctica estás obligaciones se plasman en la publicación por parte de estas entidades de los contratos y convenios suscritos, subvenciones recibidas y su destino concreto, los presupuestos, cuentas anuales, informes de auditoría y retribuciones de sus altos cargos.

De hecho, previamente a la entrada en vigor de los títulos I y II en que se encontraban el ámbito subjetivo y material de aplicación, el Consejo Superior de Deportes mantuvo reuniones con las federaciones deportivas de ámbito nacional para informar de las implicaciones concretas de la ley.

Por otro lado, hay que señalar que esta norma estatal es una ley de bases en el sentido de que el Estado la dicta en ejercicio de su competencia para establecer un régimen jurídico básico de las administraciones públicas que posteriormente puede ser desarrollado y ejecutado por las Comunidades Autónomas en su respectivo territorio pero siempre respetando los mínimos establecidos por esta ley. Así, por ejemplo, ha sucedido con la Ley Canaria de Transparencia que, complementando a la normativa estatal, ha señalado que estarán sujetas a la publicidad activa de los aspectos contractuales y económicos las federaciones insulares que perciban al menos 60.000 € de los presupuestos de la comunidad autónoma o cuando al menos el 30% de su presupuesto provengan de fondos públicos autonómicos.

Es evidente, por tanto, que esta normativa básica y la autonómica -de existir esta- es aplicable no sólo a las federaciones estatales sino también a las federaciones deportivas autonómicas. El hecho de que las Comunidades Autónomas tengan competencia exclusiva en materia deportiva no obsta para que estas tengan que respetar los mínimos regulatorios en materia de procedimiento administrativo común y régimen jurídico de las administraciones públicas. Las territoriales de las diferentes disciplinas deportivas que perciban al menos 100.000 euros provenientes de fondos públicos o que –percibiendo menos de dicha cuantía- dichos ingresos públicos supongan al menos el 40% de su presupuesto, también deben cumplir con la citada normativa.

En el caso extremeño, por ejemplo, si nos atuviéramos a su aplicación en el primer supuesto habría varias federaciones que a todas luces deberían publicar la información reseñada bien directamente o bien a través de la Consejería de Educación y Empleo, órgano competente en la materia. Así, el decreto de concesión directa de subvenciones para el desarrollo y organización de los JUDEX y JEDES asignaba subvenciones por importe superior a 100.000 € a las Federaciones Extremeñas de Atletismo, Baloncesto, Balonmano, Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual, Voleibol y Fútbol (ascendiendo en este último caso las ayudas públicas a un importe de 850.000 €). Ello sin entrar en la aplicación del segundo supuesto por desconocer en detalle si el 40 % del total de sus ingresos anuales tienen carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 euros, aunque a buen seguro, de tener los números sobre el papel, la aplicación de la ley de transparencia estatal se haría extensible a buena parte de las federaciones extremeñas también en este supuesto.

Para “más inri” en el caso concreto de nuestra región, con anterioridad a la aplicación de la norma estatal, entró en vigor la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura. Su artículo 2.g señala que “las personas físicas y jurídicas que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas estarán obligadas a suministrar a la Administración a la que se encuentren vinculadas toda la información necesaria para el cumplimiento por aquella de las obligaciones previstas en esta ley”. Si ponemos en relación este precepto con el artículo 22 de la Ley del Deporte de Extremadura no cabe sino concluir que también las territoriales extremeñas quedarían también subsumidas en el ámbito de aplicación de esta ley. De esta manera, señala la Ley del Deporte de Extremadura de 1995 que las federaciones deportivas extremeñas, a pesar de ser entidades privadas, son entidades de utilidad pública que, además de las atribuciones que le son propias, ejercen por delegación funciones públicas de carácter administrativo actuando como agentes colaboradores de la Administración Pública. A mayor abundamiento estas reciben igualmente importantes subvenciones y ayudas públicas. A modo de ejemplo, el pasado año 2015 fueron asignados 2,7 millones de euros a la territoriales extremeñas para la organización y desarrollo de los JUDEX y JEDES. Por tanto, siguiendo el tenor de la Ley de Gobierno Abierto, las federaciones deportivas de nuestra región, a diferencia de lo que sucede hasta el momento, están obligadas a suministrar la información señalada a la Consejería de Educación y Empleo para que esta cumpla con la finalidad de la ley que no es otra que dar publicidad a la información señalada anteriormente.

Esta obligación es adicional a las que las federaciones vienen cumpliendo en base a la Ley del Deporte de Extremadura, al Decreto que regula su régimen jurídico y a la Ley de Subvenciones de Extremadura. La aplicación de las normas sobre transparencia a las entidades federativas implicaría además que los extremeños pudieran acceder a la información reseñada. En la práctica supondría su incorporación al Portal de Transparencia que ya funciona y en donde hasta el momento, en lo que a deportes se refiere, únicamente aparecen los datos referidos a la Dirección General de Deportes y a la Fundación Jóvenes y Deportes de Extremadura.  

Dadas las leyes existentes en la materia, se hace necesario por parte de las federaciones y de la Junta de Extremadura un cumplimiento efectivo de las mismas. Primero, porque la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno es una ley de bases que debe ser respetada por las Comunidades Autónomas las cuales deben velar porque las federaciones que se encuentren en los supuestos enumerados legalmente publiquen o proporcionen a los órganos administrativos correspondientes la información contractual, organizativa, institucional y económica para que esta sea de público conocimiento por parte de los ciudadanos. Segundo, porque la Ley 4/2013 de Gobierno Abierto de Extremadura así lo establece en términos aun más laxos. Si se quiere incluso se podría modificar esta norma en el sentido de ceñir esta obligación de publicidad activa a aquellas que reciban como mínimo los citados 100.000 € o tengan al menos un 40% de ingresos de fuente pública -como indica la ley estatal- pues son estos entes federativos los que cuentan con los medios materiales necesarios para llevarla a cabo pues no todas tienen los mismos recursos. En este sentido, la Red de Federaciones Deportivas Extremeñas creada por la Dirección General de Deportes sería un buen foro para dar a conocer a las territoriales que deben cumplir con las exigencias de transparencia.