El comunicado del Real Madrid sobre CVC: mucho triunfalismo y poca precisión jurídica

El club blanco presenta la inadmisión del recurso de LaLiga como un respaldo judicial a sus argumentos, pese a que el Tribunal Supremo no ha entrado a examinar el fondo del asunto
El comunicado difundido por el Real Madrid a raíz de la providencia del Tribunal Supremo que ha inadmitido el recurso de casación de LaLiga contra la sentencia que anuló el acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria del 12 de agosto de 2021, relativo al denominado Proyecto CVC, resulta difícil de entender y contiene afirmaciones que no se corresponden con el alcance de la resolución judicial.
Lo primero que conviene aclarar es que el Tribunal Supremo no ha dictado una sentencia sobre el fondo del litigio ni ha confirmado los argumentos jurídicos de la Audiencia Provincial de Madrid. Se ha limitado a inadmitir el recurso de casación interpuesto por LaLiga por falta de interés casacional, es decir, por no apreciar los requisitos necesarios para que el asunto pudiera ser examinado en casación.
La diferencia no es menor. Una cosa es que una resolución judicial adquiera firmeza porque el recurso presentado contra ella no supera el trámite de admisión y otra, muy distinta, que el Tribunal Supremo entre a valorar y ratifique expresamente los razonamientos jurídicos que sustentan esa resolución.
Sin embargo, el Real Madrid presenta la providencia como un nuevo y contundente respaldo judicial a su posición frente a LaLiga. Una interpretación que excede claramente de lo que permite afirmar la resolución del alto tribunal.
También resulta llamativa la referencia del comunicado madridista a que el Supremo habría considerado que LaLiga pretendía sustituir el criterio de la Audiencia Provincial por el suyo propio e interesado. Esa observación no equivale a una declaración del Supremo sobre la mala fe o la falta de fundamento de la actuación de LaLiga, sino que forma parte de la argumentación utilizada para justificar la inadmisión.
Hay otro aspecto esencial que el comunicado del Real Madrid omite o, cuando menos, no explica con la claridad necesaria: el litigio se refiere exclusivamente al acuerdo adoptado el 12 de agosto de 2021 y no al Proyecto LaLiga Impulso aprobado posteriormente, el 10 de diciembre de ese mismo año.
LaLiga ha salido al paso del comunicado para recordar precisamente esta circunstancia. La resolución judicial no afecta a la validez ni a la vigencia del proyecto finalmente aprobado con CVC, cuya legalidad fue examinada en otro procedimiento judicial. En este último, la Audiencia Provincial de Madrid desestimó las pretensiones del Real Madrid y del Athletic Club y confirmó la validez de los acuerdos adoptados.
La controversia que ahora ha llegado al Tribunal Supremo tiene su origen en la asamblea extraordinaria de agosto de 2021 y en una cuestión concreta relacionada con el derecho de información de los clubes. La Audiencia Provincial consideró que la incorporación de una aclaración sobre la no afectación de la operación a los clubes y sociedades anónimas deportivas no adheridos suponía una modificación sustancial del orden del día que los asistentes no habían podido estudiar previamente.
Es decir, la nulidad declarada no supone que los tribunales hayan invalidado el Proyecto LaLiga Impulso ni que hayan declarado ilegal la operación finalmente aprobada con CVC.
LaLiga sostiene, además, que la convocatoria de aquella asamblea fue correcta y que la información facilitada a los clubes era completa y suficiente, aunque la Audiencia Provincial entendió que se había vulnerado el derecho de información por aquella modificación del orden del día.
Hay, por último, un dato procesal que tampoco debe perderse de vista: el Real Madrid ha interpuesto su propio recurso de casación contra la sentencia de la Audiencia Provincial, cuya admisión por el Tribunal Supremo está pendiente, según ha señalado LaLiga.
En definitiva, el Real Madrid convierte una providencia de inadmisión por falta de interés casacional en una especie de victoria judicial sobre el fondo de la operación CVC. Pero el Supremo no ha hecho ese pronunciamiento. Ha cerrado la vía de casación abierta por LaLiga, dejando firme la anulación del acuerdo de agosto de 2021, sin que ello suponga cuestionar la validez del proyecto aprobado en diciembre.
Una distinción jurídica fundamental que el comunicado del club blanco debería haber respetado.
























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