
La Audiencia Nacional ha dado la razón a la Real Federación Española de Fútbol (RFE) en el litigio por la sanción disciplinaria impuesta a Sergio Canales.
La Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha revocado la sentencia que dejó sin efecto los cuatro partidos de suspensión y ha declarado ajustada a Derecho la resolución del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) que mantuvo ese castigo. La decisión no restablece la multa de 601 euros, que el propio TAD había anulado.
Se trata de unas declaraciones que hizo al término del partido del Betis contra el Valladolid el 18 de febrero de 2023 cuando dijo que el árbitro Antonio Mateu Lahoz tenía "premeditada" su expulsión en el encuentro del 19 de octubre contra el Cádiz.
La resolución sitúa en el centro del debate el alcance de las críticas de los futbolistas a los árbitros. Para la Sala, lo determinante no es identificar con absoluta precisión una palabra aislada de la grabación, sino valorar el significado del conjunto de las manifestaciones. Desde esa perspectiva, concluye que Canales atribuyó al árbitro una actuación parcial: haber decidido de antemano su expulsión.
Un expediente disciplinario que terminó ante los tribunales
El procedimiento tiene su origen en unas declaraciones realizadas por Canales el 18 de febrero de 2023, cuando era jugador del Real Betis Balompié. Los órganos disciplinarios federativos consideraron que esas manifestaciones sobre la actuación arbitral constituían una infracción del artículo 106 del Código Disciplinario de la RFEF. El Comité de Competición impuso el 29 de marzo de 2023 cuatro partidos de suspensión y una multa de 601 euros, decisión confirmada por el Comité Nacional de Apelación el 31 de marzo.
El futbolista acudió al TAD y pidió la suspensión cautelar de la resolución, solicitud que fue denegada.
Posteriormente, el 14 de abril de 2023, el tribunal administrativo estimó parcialmente su recurso: eliminó la sanción económica, pero mantuvo la suspensión deportiva.
Contra esa resolución, Canales promovió el recurso contencioso-administrativo que dio lugar al litigio judicial.
La primera sentencia anuló la suspensión por falta de certeza sobre lo dicho
El Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 4 estimó el recurso del jugador en una sentencia de 18 de diciembre de 2023. Su razonamiento concedió especial importancia a la falta de claridad de la grabación: no consideró acreditado que Canales hubiera utilizado la palabra «premeditada» para referirse a la actuación arbitral y señaló que el término escuchado se asemejaba más a «predelimitada».
Sobre esa base, el juzgado entendió vulnerados el principio de tipicidad, el de responsabilidad y el derecho a la presunción de inocencia. En esencia, consideró que no podía sancionarse al futbolista atribuyéndole una expresión cuya utilización no se había acreditado con certeza. Al estimar esos motivos, no llegó a pronunciarse sobre la alegación relativa a la libertad de expresión.
La Abogacía del Estado y la RFEF recurrieron esa decisión. Sus apelaciones cuestionaban tanto el fundamento jurídico empleado para anular la sanción como la valoración de la prueba audiovisual.
Un error en el artículo aplicado
La Audiencia Nacional detecta, en primer lugar, un error en la norma transcrita por el juzgado. Aunque la sentencia de primera instancia se refería al artículo 106 del Código Disciplinario federativo, el texto que reproducía correspondía en realidad al artículo 113, relativo a conductas de menosprecio o desconsideración por motivos como el origen racial, la religión, la discapacidad o el sexo. No era ese el precepto por el que se había sancionado al jugador.
El artículo 106 relevante para el expediente contempla las declaraciones que cuestionen la honradez e imparcialidad de integrantes del colectivo arbitral o de determinados órganos de la RFEF. También incluye las manifestaciones de desaprobación de su actividad realizadas con menosprecio o mediante lenguaje ofensivo, insultante, humillante o malsonante. Según el texto recogido en la resolución, para los futbolistas prevé entre cuatro y doce partidos de suspensión, además de una multa de entre 601 y 3.005,06 euros.
Para la Sala, haber examinado los hechos a partir de un contenido normativo equivocado invalida el razonamiento con el que el juzgado apreció una vulneración del principio de tipicidad, es decir, la falta de encaje de la conducta en la infracción aplicada.
El vídeo y el sentido global de las declaraciones
El segundo eje de la sentencia es la revisión de la grabación. La Audiencia recuerda que, con carácter general, debe prevalecer la valoración probatoria del juzgador de primera instancia salvo que se acredite una equivocación clara. Sin embargo, explica que, en este caso, la prueba decisiva es un vídeo que la propia Sala puede examinar en las mismas condiciones que el juzgado. Por ello, la ventaja que normalmente proporciona la inmediación pierde relevancia.
La resolución introduce aquí un matiz esencial: no afirma que pueda escucharse con absoluta certeza la palabra «premeditada». Admite expresamente que el término resulta ininteligible, aunque fonéticamente se aproxima mucho a esa expresión. La discrepancia con el juzgado no consiste, por tanto, en presentar como indiscutible una palabra dudosa, sino en la conclusión que debe extraerse del conjunto del mensaje.
Para los magistrados, la declaración completa permite concluir, sin duda razonable, que el jugador cuestionaba la imparcialidad del árbitro al atribuirle una expulsión decidida de antemano. La Sala considera que esa es la interpretación inmediata que se desprende de escuchar las manifestaciones en su contexto crítico.
«No se trata de indagar en la intención del declarante, sino de atribuir a sus palabras el sentido que cualquier oyente entendería de manera inmediata».
La Sala descarta las vulneraciones de las garantías sancionadoras
A partir de esa valoración, la Audiencia rechaza los tres motivos que habían sustentado la anulación de la sanción. Considera que la conducta encaja en el artículo 106, que las declaraciones revelan un propósito intencional de censurar al árbitro atribuyéndole una decisión parcial y que la grabación constituye prueba suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia.
La clave de la decisión es, así, la distinción entre la incertidumbre sobre un término concreto y la certeza que el tribunal aprecia sobre el significado del mensaje completo. Para la Sala, la primera no impide sancionar cuando el conjunto de las declaraciones permite identificar la imputación de parcialidad que castiga el precepto disciplinario.
La libertad de expresión no ampara, en este caso, la imputación de parcialidad
La Audiencia también aborda la libertad de expresión, una cuestión que había quedado sin resolver en primera instancia y que Canales mantuvo al oponerse a las apelaciones. La sentencia reconoce su carácter de derecho fundamental, pero recuerda que no es absoluto y que puede encontrar límites al entrar en conflicto con otros derechos.
En su argumentación, la Sala recoge doctrina jurisprudencial que protege la crítica incluso cuando es molesta o desabrida, pero excluye las expresiones vejatorias u ofensivas innecesarias para comunicar las opiniones. Aplicada esa ponderación al caso, entiende que atribuir a un árbitro una actuación voluntariamente parcial afecta directamente a su honorabilidad y profesionalidad.
La resolución añade un elemento decisivo para su conclusión: esa atribución no iba acompañada de prueba alguna que pudiera acreditar la intención imputada al árbitro. En esas circunstancias, considera que las manifestaciones no quedan amparadas por la libertad de expresión. El reproche judicial se centra, por tanto, en atribuir una decisión deliberadamente injusta, no simplemente en discrepar del acierto de una actuación arbitral.
Cuatro partidos de suspensión, sin recuperar la multa
El fallo estima las apelaciones de la Abogacía del Estado y de la RFEF, revoca la sentencia de diciembre de 2023 y desestima el recurso judicial presentado por Canales contra la resolución del TAD. De ese modo, queda judicialmente avalada la suspensión de cuatro partidos, mientras se mantiene la anulación de la multa acordada en vía administrativa.
La Audiencia impone al jugador las costas de la primera instancia, pero no hace expresa imposición de las correspondientes a la apelación. La resolución no determina en su fallo cómo se traducirá materialmente la confirmación del castigo en el cumplimiento de partidos.
Una resolución susceptible de casación
La sentencia indica que puede interponerse recurso de casación, cuya preparación debe realizarse ante la propia Sala en el plazo de 30 días desde el siguiente al de la notificación.




























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