Rubiales se fue; su web sigue pasando factura
Fotomontaje de IUSPORTLa condena a la RFEF por el contrato de Legalsport obliga a aclarar quién decidió, quién autorizó y qué controles se aplicaron a una operación que comprometía 1,6 millones de euros más IVA.
Luis Rubiales se marchó de la Federación Española de Fútbol, pero las facturas de su mandato siguen llegando puntualmente a Las Rozas. La última procede de Legalsport, el portal que, según la investigación de El Confidencial, nació para defender su gestión y contrarrestar las informaciones críticas. La operación comprometía 1,6 millones de euros más IVA.
Ahora, una sentencia obliga a la RFEF a abonar otros 647.784,54 euros a Gigantes del Basket, la empresa contratada. La resolución es recurrible, pero las explicaciones no deberían quedar en suspenso hasta entonces.
Conviene separar lo que ha resuelto la justicia de lo que queda por aclarar. La condena responde a una reclamación por servicios impagados: la resolución entiende que la empresa cumplió y debe cobrar. No declara delictiva la creación del portal, pero tampoco certifica la buena gestión de quienes lo promovieron. Una obligación contractual puede ser exigible aunque la decisión que la originó sea, como mínimo, discutible. Pagar al proveedor y explicar por qué se comprometió ese dinero son cosas distintas.
El presidente y su altavoz
Una federación puede informar de sus actividades, divulgar y responder a las críticas. Lo que debe justificar es por qué necesitaba financiar una plataforma nueva, cuánto costaba y para qué servía. El Confidencial sitúa el origen del proyecto en la reacción de la dirección de Rubiales a los Supercopa Files.
La información publicada sobre la sentencia recoge, además, que la RFEF intervino activamente en los contenidos. La pregunta es inevitable: qué parte de aquella operación servía al fútbol y qué parte servía para defender a quienes ocupaban sus despachos.
Tampoco debería sorprender. Rubiales mantuvo siempre una relación peculiar con la realidad: cuando no le gustaba, la sustituía por otra. Quien repitió una y otra vez ante la Asamblea que no iba a dimitir, para hacerlo apenas dos semanas después, no podía conformarse con la realidad que publicaban los demás: necesitaba una hecha a medida.
El asunto de las firmas añade otra arista. Según IUSPORT, la sentencia recoge alegaciones de la demandante sobre artículos enviados desde el entorno federativo y publicados con seudónimo. Esa información no permite atribuir personalmente a Rubiales ningún texto escrito bajo una identidad ficticia. Sí obliga a preguntar por qué se ocultaba la autoría de contenidos que salían de la misma institución que financiaba el medio. Es la versión periodística de las risas enlatadas: el aplauso suena, pero nadie sabe quién aplaude. El lector tenía derecho a saber desde dónde se le hablaba.
Rubiales niega que fuera una web de propaganda. Sostiene que era una plataforma de contenidos deportivos, que participaron varios departamentos y que la sentencia respalda su actuación. Es una lectura audaz, porque solo en su particular universo una sentencia que obliga a la Federación a pagar casi 650.000 euros se convierte en un aval.
Aun así, su versión debe recogerse, aunque no sustituye a la documentación. Si la decisión fue compartida, como afirma, debería ser sencillo reconstruir quién la propuso, quién la examinó y quién la aprobó.
¿Quién firmó el gasto?
Ese es el núcleo del asunto. ¿Quién negoció el contrato y eligió a la empresa? ¿Qué informe justificó el precio? ¿En qué partida se presupuestó? ¿Qué órgano tenía competencia para autorizarlo? ¿Se informó a la Asamblea, a la Comisión Delegada o a los responsables del control económico? Para saber qué aprobaciones eran exigibles habrá que examinar las normas internas, los poderes de contratación y las actas. No basta con invocar a «la Federación» en abstracto, como si sus decisiones se tomaran solas.
También debe conocerse qué dijeron la dirección financiera, el departamento de comunicación y los responsables de cumplimiento y buen gobierno. ¿Evaluaron la necesidad del proyecto? ¿Plantearon reservas? ¿Se fijaron objetivos de audiencia, difusión o retorno? ¿Se comprobó si los canales que ya tenía la Federación podían cubrir ese servicio? Distinguir entre quien propone, quien informa, quien autoriza y quien paga permite señalar responsabilidades sin extender sospechas indiscriminadas, pero también sin diluirlas en una cómoda decisión colectiva.
La factura no cierra el expediente
La reclamación del proveedor ya tiene respuesta judicial, todavía recurrible. La explicación sobre el origen y la conveniencia del encargo sigue pendiente. Si el examen de los documentos revelara indicios de irregularidad, correspondería decidir las actuaciones procedentes. Sin anticipar delitos ni inventar procedimientos, hay motivos de sobra para exigir una revisión y conocer sus conclusiones.
La actual RFEF no debería despachar el episodio como una herencia incómoda que se paga y se olvida. Defender sus intereses en los tribunales y rendir cuentas son tareas compatibles. El fútbol merece saber por qué se comprometieron esos recursos, quién avaló la operación y qué obtuvo a cambio.
Rubiales ya ha dado su versión desde ese mundo paralelo en el que todo encaja. La Federación, que habita en este, debe aportar contratos, informes y actas. La factura ya tiene destinatario. Las decisiones también deben tener nombre.
Seguro que el asunto encaja de lleno en los principios de acción en favor de la transparencia en el deporte. Sus más fervorosos defensores tienen aquí un caso a la altura de su celo. Habrá que estar atentos a la web.





















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