La brecha salarial de las árbitras, espejo del fútbol español

El fútbol español ha firmado el primer convenio colectivo del arbitraje femenino. Se ha presentado como un paso histórico y lo es: por primera vez las árbitras cuentan con un marco laboral propio. Pero los números que lo acompañan muestran hasta qué punto la igualdad es más aspiracional que real.

Un árbitro de Primera División masculina puede superar los 280.000 o 300.000 euros al año. Una árbitra principal de Liga F ronda en total, incluso con el nuevo convenio y sumando fijo y partidos arbitrados, los 25.000 o 26.000 euros anuales. Hablamos de una distancia de diez o doce veces, que difícilmente se explica sólo por la lógica del mercado.

Dos trayectorias, dos velocidades

El arbitraje masculino se ha profesionalizado de forma gradual y bien remunerada. Subió con fuerza en el año 2000 y dio otro salto del 53 % con la llegada del VAR en 2018. Hoy los colegiados de élite figuran entre los mejor pagados de Europa, con contratos laborales, derechos de imagen y actualizaciones ligadas al IPC.

Las árbitras recorrieron otro camino. Hasta 2022, muchas cobraban 300 euros por partido. El cambio llegó de golpe, tras una huelga y con la intervención del Consejo Superior de Deportes, y elevó la retribución a 1.666 euros por encuentro. Es un avance enorme en términos relativos, aunque sigue siendo una cifra modesta frente a la de sus homólogos.

Lo que aporta el convenio

Además de la inclusión de seguros con mejores coberturas, prestaciones en caso de baja por enfermedad o accidente y un programa de recolocación, el texto de 2026 incorpora protección de la maternidad, becas de formación, un fondo de fin de carrera y seguros mejorados. La maternidad es quizá el punto más relevante: durante años el cuerpo de las mujeres se ha tratado como un riesgo para el rendimiento deportivo, algo que nunca se ha planteado con los hombres. Poder embarazarse sin ver truncada la carrera es una condición básica para competir en igualdad.

El convenio también recoge, por primera vez de forma explícita para este colectivo, un marco frente al acoso, la violencia y la discriminación. Tipifica el acoso laboral, sexual o por razón de sexo como falta muy grave, sancionable incluso con despido. Reconoce a las árbitras víctimas de violencia de género los derechos de la Ley Orgánica 1/2004, como la reducción de jornada, la movilidad o la suspensión del contrato con reserva de puesto, y prevé un protocolo específico contra el acoso por razón de orientación sexual. 

Hay, sin embargo, un matiz importante. El convenio no crea un protocolo propio y reforzado para las árbitras, sino que se remite al Plan de Igualdad de la RFEF y a los protocolos federativos ya existentes. Para un colectivo con poco poder de negociación y una larga historia de invisibilización y sesgos de género, esa remisión se queda corta si no se acompaña de recursos específicos, formación obligatoria y canales de denuncia accesibles, fiables y eficaces.

El argumento del mercado, a examen

La justificación habitual es que el fútbol masculino genera más ingresos. Es cierto, pero incompleto. Esos ingresos no surgieron de la nada: se construyeron durante décadas con inversión prioritaria, derechos televisivos millonarios, patrocinios, infraestructuras y atención mediática, mientras el fútbol femenino quedaba relegado en todos esos frentes.

Usar el mercado para explicar la brecha arbitral supone dar por natural una desigualdad de origen político. Equivale a sostener que el trabajo de las árbitras vale menos porque el producto que arbitran fue históricamente menospreciado, un razonamiento sexista circular. Además, el arbitraje no se mide sólo por la audiencia: exige autoridad, neutralidad y rigor técnico. Pedir a unas y otros la misma preparación, concentración, responsabilidad y compromiso, y pagarles de forma tan desigual, devalúa el trabajo de las mujeres, sólo por ser mujeres, incluso cuando llegan a la élite.

¿Avance o gestión de la desigualdad?

Reconocer el convenio es de justicia con quienes lo han luchado. Pero presentarlo como igualdad conseguida sería, en cambio, un error. Con salarios todavía muy bajos y una vigencia corta, el texto no cierra la brecha, sino que apenas la gestiona.

La cuestión de fondo es qué modelo de deporte queremos construir: uno que perpetúe las jerarquías sexistas de siempre bajo la coartada del mercado, o uno que asuma la dignidad laboral como un punto de partida irrenunciable y no como una recompensa condicionada a la rentabilidad. Un convenio que no corrige esta asimetría no cierra la herida; simplemente la administra. Porque mientras una misma tarjeta roja, un mismo fuera de juego y una misma responsabilidad sobre el césped valgan diez veces menos según el sexo de quien sostiene el silbato, la igualdad en el fútbol español no será una realidad, sino pura apariencia.