Curtido / RFAFEl auto reconoce a José Manuel Molina Maza como acusación particular sin fianza y exige 6.000 euros a «Andalucía Somos Fútbol» para ejercer la acción popular.
La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla, plaza número 5, ha acordado mantener abierta la investigación contra Pedro Curtido Naranjo, pese al desistimiento de la Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte, que preside Miguel Galán, que es quien había promovido la querella. Una información adelantada por Kike Marín en El Confidencial.
En un auto fechado el 26 de octubre de 2026, la magistrada Beatriz González Sánchez considera que el abandono de la acción por parte de la entidad no determina automáticamente el archivo, al tratarse de una conducta perseguible de oficio y existir diligencias pendientes de práctica.
La resolución también confirma la intervención de José Manuel Molina Maza como acusación particular, sin obligación de prestar fianza, y condiciona la incorporación de la asociación «Andalucía Somos Fútbol» como acusación popular al ingreso de una garantía de 6.000 euros. Son decisiones relativas a la continuidad de la investigación y a la posición de quienes pretenden intervenir en ella, no una declaración de culpabilidad del investigado.
Una investigación por presuntas presiones para provocar una dimisión
Aunque el encabezamiento del procedimiento identifica el asunto como «Extorsión», la magistrada precisa en sus fundamentos que la querella que dio origen a las diligencias previas 1950/2025 fue admitida exclusivamente por un presunto delito de amenazas y coacciones. La investigación se refiere, más concretamente, a las presiones que Pedro Curtido habría ejercido sobre Pablo Lozano Dueñas, bajo la amenaza de revelar un secreto de su vida privada.
Según la descripción que recoge el auto, esas presuntas presiones y amenazas habrían tenido como finalidad forzar la dimisión de Lozano de la Presidencia de la Real Federación Andaluza de Fútbol, antes de que el investigado accediera a ella. La resolución menciona, además, otras presuntas actuaciones atribuidas a Curtido cuando ya ejercía como presidente: decisiones arbitrarias, engaños y presiones que habrían recaído directamente sobre Molina Maza.
La instructora explica que la admisión inicial de la querella se apoyó en las afirmaciones contenidas en ella, en la referencia a testigos presenciales —incluido el propio perjudicado— y en documentación consistente en cartas remitidas por Molina Maza. Este aparece en la resolución como una persona indirectamente perjudicada por los hechos inicialmente descritos y directamente perjudicada por otros atribuidos al mismo investigado y en el mismo ámbito. Por estos últimos presentó una denuncia y solicitó intervenir como acusación particular.
El desistimiento no conduce al archivo automático
Una de las decisiones centrales del auto es separar el desistimiento de la asociación querellante de la continuidad del procedimiento penal. La jueza tiene por desistida a la Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte, pero rechaza que esa circunstancia obligue a sobreseer las actuaciones. Su razonamiento se basa en que la conducta investigada es perseguible de oficio y en que todavía están pendientes diligencias acordadas al incoarse el procedimiento.
Por ello, la magistrada considera «incoherente y prematuro» acordar el archivo en ese momento. La consecuencia es que Curtido conserva su condición de investigado y las diligencias continúan abiertas. La parte dispositiva lo expresa con una referencia temporal concreta: «No procede en este momento procesal el sobreseimiento». El auto, por tanto, descarta el cierre de la causa en la fase en que se encuentra, sin resolver definitivamente sobre el fondo de las imputaciones.
Molina Maza podrá ejercer la acusación particular sin prestar fianza
La resolución reconoce que Molina Maza está legitimado para intervenir como acusación particular porque aprecia indicios de perjuicios personales, profesionales y económicos derivados de los hechos denunciados. La magistrada vincula esos posibles daños tanto con las presiones presuntamente dirigidas contra Lozano como con las actuaciones que Molina atribuye al investigado respecto de su propia persona.
El auto introduce una cautela expresa: admitir su intervención no supone prejuzgar la veracidad o exactitud de lo denunciado. El reconocimiento se refiere a su legitimación para actuar en el procedimiento, no a la acreditación definitiva de su relato. En atención a su condición de perjudicado, la jueza lo exime de prestar fianza y deja constancia de que su personación ya había sido acordada en una providencia de 17 de octubre de 2025.
Una fianza de 6.000 euros para «Andalucía Somos Fútbol»
La posición de «Andalucía Somos Fútbol» recibe un tratamiento distinto. La instructora señala que la propia asociación solicitó incorporarse mediante el ejercicio de la acción popular, sin atribuirse la representación de perjudicados ni actuar por delegación de estos. Por ello, su solicitud no se examina como una personación en calidad de acusación particular.
La controversia se centraba en el importe de la garantía. La representación del investigado había solicitado una fianza de 30.000 euros o, alternativamente, 20.000 euros. La asociación se opuso por considerarlas cantidades desproporcionadas y ofreció 1.500 euros, alegando que carecía de ánimo de lucro y de ingresos.
La magistrada comparte que la cuantificación de la fianza debe tener en cuenta la capacidad económica de quien pretende ejercer la acción popular para no hacer inviable su derecho. No obstante, tampoco acepta la cantidad ofrecida por la entidad y fija una cifra distinta de las propuestas: 6.000 euros, cuyo ingreso será necesario para que se acuerde su incorporación a la causa.
La jueza alerta del riesgo de utilizar la causa en la lucha por el poder federativo
Al justificar la cuantía, la instructora incorpora una valoración sobre el contexto del litigio. Observa que quienes pretenden ejercer la acusación particular y la acción popular comparten representación procesal y defensa letrada. A partir de esa circunstancia, cuestiona que, pese a las limitaciones económicas alegadas, se asuma lo que describe como una duplicación del gasto del proceso.
La magistrada añade que los escritos intercambiados hasta ese momento revelan «intereses personales y conflictos muy explícitos relacionados con la lucha de poder y el ejercicio del control» dentro de la Real Federación Andaluza de Fútbol. Sobre esa base aprecia un «evidente riesgo de instrumentalización del procedimiento», que considera necesario conjurar mediante una fianza que cumpla la finalidad de descartar la mala fe en el ejercicio de la acción penal. La resolución formula esta valoración como un riesgo que debe prevenirse, no como una declaración de que la asociación ya haya actuado de mala fe.
Una decisión recurrible que no resuelve el fondo de la causa
El auto ordena su notificación a las partes y al Ministerio Fiscal. Según el pie de recursos, cabe interponer recurso de reforma en el plazo de tres días desde la notificación ante el mismo órgano judicial y, posteriormente, recurso de apelación. La resolución también contempla que la apelación se formule de manera subsidiaria en el mismo escrito de reforma.
El resultado inmediato es la continuación de la investigación, con Curtido en condición de investigado, Molina Maza personado como acusación particular sin fianza y la eventual intervención de «Andalucía Somos Fútbol» supeditada al ingreso de los 6.000 euros. La resolución no declara probadas las presuntas amenazas, coacciones u otras actuaciones denunciadas: mantiene abierta su investigación y determina en qué condiciones pueden intervenir las acusaciones.



























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