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Antonio Aguiar
Antonio Aguiar Martes, 10 de Noviembre de 2026

¿Pueden los jugadores convocados por la selección ir a la huelga?

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Este miércoles está convocada una huelga general y surge la pregunta de si los jugadores de la selección pueden adherirse a la misma (a efectos prácticos, sería no entrenar este miércoles, pues el partido frente a Chequia es el jueves).

 

Pues bien, la legislación vigente ofrece dos ideas que tiran en direcciones distintas. Por un lado, la Ley del Deporte (Ley 39/2022, de 30 de diciembre) reconoce expresamente a las personas deportistas profesionales el derecho de huelga.

 

Por otro, esa misma normativa, en su versión vigente y completada por la reforma recogida en Ley Orgánica 2/2024, de 1 de agosto, de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres, refuerza la obligación de poner a los deportistas a disposición de las selecciones nacionales y tipifica como infracción muy grave la no asistencia injustificada a las convocatorias o la no puesta a disposición de los deportistas convocados.

 

El punto decisivo no parece ser tanto la existencia abstracta del derecho de huelga como su encaje en una situación muy particular: cuando el jugador convocado deja temporalmente de prestar servicios bajo la organización y dirección del club (su verdadero empresario) y pasa a integrarse en una selección, supuesto que el Real Decreto por el que se regula la Relación Laboral Especial de los Deportistas Profesionales (Real Decreto 1006/1985, de 26 de junio) excluye de su propio ámbito, remitiéndolo a la normativa específica.

 

Además, la misma ley contempla un régimen de permisos y licencias orientado a permitir la asistencia a competiciones internacionales y, de modo específico, a las competiciones en las que participe la selección española.

 

Esto revela que el sistema legal no trata la presencia en la selección como un hecho meramente voluntario o discrecional, sino como una obligación o deber especialmente protegido por el ordenamiento deportivo.

 

Esa obligación ha quedado reforzada por la modificación legislativa recogida en Ley Orgánica 2/2024, de 1 de agosto, de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres, que tipifica como infracción muy grave la no asistencia justificada a las convocatorias de las selecciones nacionales y la no puesta a disposición de las personas deportistas designadas.

 

Lo relevante no es solo la gravedad de la infracción, sino la estructura de la tipificación: la ausencia puede ser sancionable cuando no esté justificada. Por tanto, el debate jurídico real se desplaza a determinar si la adhesión a una huelga general puede constituir una justificación bastante en este contexto.

 

La segunda pieza clave es la delimitación de la relación jurídica del deportista. El Real Decreto por el que se regula la Relación Laboral Especial de los Deportistas Profesionales (Real Decreto 1006/1985, de 26 de junio) define la relación laboral especial del deportista profesional como la que se presta por cuenta y dentro del ámbito de organización y dirección de un club o entidad deportiva a cambio de retribución.

 

Sin embargo, el mismo real decreto excluye expresamente de su ámbito las relaciones entre deportistas profesionales y las federaciones nacionales cuando aquellos se integran en equipos, representaciones o selecciones organizadas por ellas, remitiendo esos actos y relaciones a su normativa específica, Real Decreto por el que se regula la Relación Laboral Especial de los Deportistas Profesionales (Real Decreto 1006/1985, de 26 de junio).

 

Esta exclusión es capital. Significa que, aunque el jugador conserve su vínculo laboral con el club, la situación creada por la convocatoria con la selección no queda regulada como una prestación ordinaria al club bajo la relación laboral especial. En ese punto, durante el tiempo en que el deportista es requerido por la selección, el empresario-club sigue siéndolo, pero sus facultades de dirección y control sobre la actividad laboral quedan suspendidas; y la relación entre deportista y federación no se califica como laboral, sino administrativa.

 

Por tanto, la respuesta a la pregunta que encabeza este artículo es no.

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