La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha denegado la suspensión cautelar de una sanción de 90.000 euros impuesta al Real Betis Balompié, S.A.D.

El tribunal concluye que el club no ha aportado pruebas que permitan comprobar que la ejecución de la multa pueda ocasionarle perjuicios de imposible o difícil reparación.

La decisión se recoge en el auto 306/2026, de 10 de julio, dictado en la pieza de medidas cautelares del recurso 424/2026, con ponencia de la magistrada María Yolanda de la Fuente Guerrero.

Aunque la resolución se ha presentado para su comentario como una sentencia, se trata de un auto sobre medidas cautelares. Su alcance es limitado: rechaza paralizar la ejecución de la sanción mientras se tramita el litigio, pero no resuelve si la multa es o no conforme a Derecho. La razón decisiva de la negativa es la falta de acreditación del riesgo económico alegado por la entidad.

Una sanción por una infracción calificada como muy grave

El procedimiento tiene su origen en una resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad de 22 de diciembre de 2025, dictada en el expediente sancionador 11433/2025. Mediante esa resolución se impuso al club una multa de 90.000 euros por una infracción calificada administrativamente como muy grave, vinculada a la normativa de prevención de la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.

El auto identifica como fundamento de la sanción el artículo 21.1.f) de la Ley Antiviolencia, en relación con diversos preceptos de esa norma y del Real Decreto 203/2010, que aprueba el reglamento de prevención de la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.

Los hechos 

La sanción de 90.000 euros al Real Betis Balompié fue por no establecer las necesarias medidas de control de acceso y permanencia de espectadores que impidieran la introducción y posterior activación de numerosos artefactos fumígenos".

También, por la "introducción y exhibición de dos pancartas de grandes dimensiones", una de ellas con un "mensaje insultante e incitador de la violencia" y, otra, con un "mensaje de apoyo a un grupo cuyos numerosos seguidores han sido sancionados por conductas contrarias a la Ley 19/2007".

El Betis acudió a la jurisdicción contencioso-administrativa tras la desestimación por silencio de su recurso de reposición contra la resolución sancionadora. Dentro de ese proceso solicitó, en una pieza separada, que la ejecución de la multa quedara suspendida cautelarmente.

El club alegó un perjuicio económico de difícil reparación

La entidad fundamentó su petición en que ejecutar la sanción le ocasionaría un perjuicio económico relevante, innecesario y de difícil reparación. También sostuvo que la suspensión no comprometería el interés general y que existía una apariencia de buen derecho favorable a su pretensión.

Como parte de esa argumentación, el club defendió que no había actuado de forma pasiva ni negligente, sino que había adoptado medidas preventivas de seguridad acordes con la magnitud del evento. Se trata de la posición sostenida por la parte recurrente: el auto no declara probada esa actuación ni resuelve en esta fase si las medidas adoptadas fueron suficientes.

^{La clave: demostrar que la ejecución puede dejar sin utilidad al recurso}

Para examinar la solicitud, la Audiencia Nacional reproduce doctrina del Tribunal Supremo sobre el artículo 130 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Según el criterio recogido en el auto, las medidas cautelares buscan evitar que la ejecución del acto impugnado haga perder al recurso su finalidad legítima: que, cuando llegue la sentencia, se hayan producido situaciones irreversibles o de difícil reversión que impidan dar efectividad al fallo.

Ese riesgo, denominado periculum in mora, debe examinarse junto con los intereses generales y los de terceros. La doctrina transcrita señala que, incluso cuando exista peligro para la utilidad del recurso, la medida puede denegarse si provoca una perturbación grave de esos intereses. La valoración debe atender a las circunstancias particulares de cada caso y estar debidamente motivada.

Alegaciones «huérfanas de todo soporte probatorio»

Al aplicar esos criterios, la Sala aprecia una carencia determinante: no dispone de datos que permitan medir el impacto del pago sobre la situación económica del Betis. El tribunal afirma que no se ha aportado ningún elemento probatorio, ni siquiera indiciario, que permita verificar los perjuicios invocados. Por ello, califica las alegaciones sobre el desajuste de tesorería y la incidencia en la liquidez como «meras afirmaciones huérfanas de todo soporte probatorio». 

El razonamiento no consiste en afirmar que el pago de 90.000 euros sea irrelevante para el club, sino en señalar que su repercusión no puede evaluarse sin pruebas sobre las circunstancias de la entidad. La Sala explica que desconoce los datos necesarios para valorar la incidencia de la multa en la actividad o en la viabilidad de la parte recurrente.

La resolución rechaza, además, una suspensión automática. Insiste en que la adopción de la medida exige acreditar que la ejecución del acto puede hacer perder al recurso su finalidad legítima, presupuesto que considera incumplido en este caso.

Denegación de la suspensión y posibilidad de recurso

La parte dispositiva deniega la medida cautelar solicitada por el Real Betis. En consecuencia, la ejecución de la multa no queda paralizada por este auto, sin que ello equivalga a una confirmación definitiva de la legalidad de la sanción.

La resolución indica que contra ella cabe recurso de reposición ante el mismo órgano judicial en el plazo de cinco días desde el siguiente al de su notificación, con constitución de un depósito de 25 euros. El documento no permite conocer si ese recurso llegó a interponerse ni cuál ha sido la evolución posterior del procedimiento principal.