Quique Pina, en su etapa como presidente del Granada CF. Granada CF
La Fiscalía pide doce años de cárcel para el expresidente del Granada Enrique Pina como cooperador necesario de tres delitos agravados contra la Hacienda Pública en 2013, 2014 y 2015, así como para otros acusados, Raffaele De La Riva, Jordi Trilles y Gino Pozzo, en su caso como autor.
El escrito de la Fiscalía, al que tuvo acceso EFE, solicitará las condenas en el juicio que se llevará a cabo el próximo día 10 en la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional por la comisión de dichos delitos, con defraudación superior a los 600.000 euros cada uno de esos años y la utilización de personas jurídicas interpuestas.
También pide que se condene al Granada como persona jurídica penalmente responsable al pago de 3 multas por los citados delitos: 1,9 millones euros por el año 2013, 17 millones€ por 2014 y 8 millones€ por 2015.
Para la Fiscalía, los acusados pusieron en marcha un plan criminal a largo plazo que, a partir de la toma del control del Granada en 2009 y mediante la ejecución de una compleja estrategia, les permitiría que las plusvalías que fuera obteniendo el club mediante el traspaso de jugadores se transfirieran artificialmente a Luxemburgo y no tributasen en España, obteniendo así un notable lucro económico en perjuicio de la Hacienda Pública nacional.
El principal mecanismo para ello consistió en la simulación de una financiación al Granada por parte de la entidad de titulación luxemburguesa FIFTEEN SECURITISATION SA, bajo la forma de un contrato de cuentas en participación entre ambas entidades, lo que permitiría al club acometer el fichaje de un conjunto de jugadores profesionales, a cambio del 95 % del importe de sus futuros traspasos a un nuevo equipo.
La Fiscalía considera a Pozzo, titular del Granada y beneficiario de entidades instrumentales, autor de tres delitos agravados contra Hacienda, y a Pina, presidente del club, De La Riva, titular y administrador de FIFTEEN SECURITISATION y Trilles miembro del consejo de administración del Granada y representante de esta, cooperadores necesarios. También pide para ellos multas por responsabilidad civil con costas procesales.
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