El consejero de Hacienda de Navarra advierte de que la Ley de Osasuna "no es de punto final"

Así se ha expresado en una comparecencia solicitada por los grupos EH Bildu y PSN en la que ha admitido discrepancias entre Osasuna y el Departamento de Hacienda, entre las cuales ha destacado la práctica de determinación de la base imponible ya que el club tributa en el régimen de entidades parcialmente exentas.

Aranburu ha indicado como otra "discrepancia" que en las actividades económicas del club, éste debe cumplir un régimen general y no el régimen especial que se incluye en el impuesto de sociedades en entidades parcialmente exentas.

Otras diferencias detalladas por Aranburu han sido en la liquidación, en las donaciones, en la detección de un incremento de patrimonio en el impuesto de sociedades así como en las bases liquidables negativas de ejercicios anteriores. También ha recordado que en pagos a terceros se han determinado bases ocultas.

Ha explicado que paralelamente al informe de auditoría, el Departamento de Hacienda venía trabajando en una inspección y que, tanto el informe como la inspección, se entregaron a mediados de enero al Parlamento foral y al Departamento de Hacienda.

Ha recordado que la inspección se llevó al juzgado al apreciarse indicios de un posible delito fiscal y ha indicado que sobre la misma queda fuera el impuesto sobre sociedades de la inspección prescrita en la temporada 2010 y 2011 "a todos los efectos".

"La inspección estará terminada en sede judicial y será el juez quien determine las responsabilidades penales" ha indicado, tras señalar que la deuda tributaria es de 5,7 millones de euros y no están incluidas las sanciones ni los intereses de demora.

En el turno de portavoces, desde EH Bildu, Adolfo Araiz, ha comentado que las explicaciones del consejero "complementan" las ofrecidas por el presidente de Osasuna y que es interesante que la ley foral 26/2014 "no es una ley de punto final" y siguen aflorando "irregularidades".

El portavoz del PSN, Miguel Garmendia, ha indicado que en la comisión se tienen que tratar las "responsabilidades políticas" y ha sostenido que la "responsabilidad del Gobierno anterior" no recaiga en Aranburu por "inacción". También ha pedido "claridad" y la elaboración de un cronograma.

El representante de UPN, Juan Luis Sánchez de Muniáin, ha indicado que en la auditoría citada han aflorado "circunstancias caóticas" y que la misma se ha realizado gracias a la Ley foral 26/2014 que era "necesaria".

Desde Geroa Bai, Jokin Castiella ha manifestado que en el Gobierno anterior "hubo un afán por echar tierra sobre el asunto" y que hubo "un trato a favor" previo a la ley 26/2014 y tapó "las vergüenzas de algunos".

En representación de Podemos, Fátima Andrea ha señalado que "sí hubo un trato de favor" por parte de Hacienda, que permitió hasta 34 aplazamientos, mientras que el representante de Izquierda - Ezkerra, José Miguel Nuin, ha considerado "relevante" la información aportada por el consejero e "importante" que se informe sobre las solicitudes de aplazamiento.