Foto frmotos.es
El Tribunal del Deporte de La Rioja ha sancionado con un año de inhabilitación para ejercer cargos en entidades deportivas de la comunidad a Virginia Valdecantos, actual presidenta de la Federación Riojana de Motociclismo (FRM), y a Rodolfo Valdecantos, su secretario, por una infracción muy grave relacionada con la elaboración de un acta que no reflejaba fielmente lo sucedido en una asamblea, según adelanta el portal Nuevecuatrouno.com
Los hechos ocurrieron el 25 de agosto de 2024, cuando ambos ocupaban los cargos contrarios a los actuales. El acta de aquella reunión reflejó la aprobación unánime de tres acuerdos, pese a que el asambleísta Ángel Daniel Varea había comunicado por correo electrónico su voto en contra y solicitado una copia del documento.
El tribunal considera que la omisión de ese voto vulneró la obligación de reflejar con exactitud la voluntad de la Asamblea, aunque no alterase el resultado de las votaciones, ya que impedía al afectado ejercer adecuadamente su derecho a impugnar los acuerdos. Asimismo, rechaza la versión de Rodolfo Valdecantos de que aquel encuentro fuera una reunión de la junta directiva y no una asamblea extraordinaria. No obstante, descarta que incurriera en una usurpación ilegítima de competencias.
El expediente disciplinario tiene su origen en una denuncia presentada por Varea en octubre de 2024. Este mismo denunciante ya había logrado que el Tribunal del Deporte anulara, en febrero de 2025, el proceso electoral de la Federación por diversas irregularidades, entre ellas la falta de concreción de los asuntos incluidos en la convocatoria y la ausencia de justificación de la urgencia alegada.
Los expedientados cuestionaron las acusaciones y alegaron, entre otros motivos, indefensión y caducidad de procedimientos anteriores. Sin embargo, el tribunal entendió que la infracción no había prescrito y que existían elementos suficientes para resolver el caso sin practicar nuevas pruebas testificales.
Varea ha defendido que su denuncia buscaba exigir responsabilidades y proteger la transparencia, el cumplimiento de las normas y los derechos de los integrantes de la Federación. También ha reclamado una nueva etapa en la FRM basada en la responsabilidad y el respeto a deportistas y clubes.
La resolución puede recurrirse ante la jurisdicción contencioso-administrativa en Logroño en el plazo de dos meses desde su notificación.
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