El fútbol base como motor de cohesión: el caso de los Dragones de Lavapiés

En el corazón de Madrid, en el barrio de Lavapiés-Embajadores, más de 600 niños, niñas, jóvenes y adultos de más de 50 nacionalidades comparten balón, valores y comunidad bajo la camiseta de los Dragones de Lavapiés. Este club, nacido en 2014 como iniciativa vecinal, se ha convertido en un referente de integración intercultural y étnica, de igualdad y lucha contra la exclusión. Sin embargo, desde hace meses se enfrenta a una crisis de instalaciones que pone en riesgo su actividad. El conflicto no es sólo urbanístico: plantea una cuestión jurídica de fondo sobre el alcance del derecho a la práctica deportiva y el deber de las administraciones públicas de promoverlo, garantizarlo y favorecerlo con políticas públicas, entre otras, con recursos y espacios. 

El marco jurídico del derecho a la práctica deportiva

La Constitución Española de 1978 establece en su artículo 43.3 un mandato claro: «Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Facilitarán la adecuada utilización del ocio». No se trata de un derecho subjetivo de configuración absoluta, pero sí de un principio rector que impone a las instituciones una obligación positiva de promoción y facilitación. Este mandato se desarrolla en la Ley 39/2022, de 30 de diciembre, del Deporte, que reconoce el deporte como actividad de interés general y subraya su función social, educativa e inclusiva, especialmente en el deporte base y entre colectivos vulnerables.

La normativa europea e internacional refuerza esta visión. El Consejo de Europa, a través de la Carta Europea del Deporte, y organismos como la UNESCO y el Comité Olímpico Internacional, consideran el acceso al deporte un elemento esencial del desarrollo personal y de la cohesión social. En el caso de niños, niñas y adolescentes, se entrelaza además con la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y con el derecho a la igualdad y no discriminación (artículos 14 y 9.2 de la Constitución). Cuando el deporte se dirige a población infantil, migrante o en riesgo de exclusión, la inacción o la falta de previsión de las administraciones puede generar efectos discriminatorios indirectos.

Las entidades locales, como el Ayuntamiento de Madrid, tienen competencias específicas en la gestión de instalaciones deportivas básicas y en la promoción del deporte de base. La jurisprudencia y la doctrina administrativa coinciden en que la administración no sólo debe abstenerse de obstaculizar la práctica deportiva, sino que debe adoptar medidas activas para hacerla posible, especialmente cuando existen espacios públicos susceptibles de uso deportivo y proyectos de utilidad social.

Los Dragones de Lavapiés: un modelo de cohesión a través del fútbol

Los Dragones de Lavapiés ejemplifican de forma concreta cómo el fútbol puede actuar como catalizador de cohesión social. Fundado por familias del barrio para responder a la falta de oferta asequible y adaptada a un entorno altamente multicultural, el club acoge hoy a más de 600 deportistas en unos 28 equipos. Entre ellos hay niños y niñas de 50 países, equipos femeninos (incluyendo las Madres Dragonas), conjuntos de personas refugiadas, uno de personas amputadas y otro de personas sin hogar que ha representado a España en la Homeless World Cup.

Sus cuotas son deliberadamente bajas y se admite a quien no puede pagar. El proyecto prioriza el respeto, la igualdad y la lucha contra el machismo, racismo, el clasismo y la homofobia por encima de la mera competitividad. Ha recibido reconocimientos del Consejo Superior de Deportes (2023), colaboraciones con LaLiga, Puma, FIFA o UEFA, y se ha convertido en un espacio seguro donde se tejen redes de apoyo mutuo entre familias de orígenes muy diversos. En un barrio donde la diversidad cultural es intensa, el club demuestra que el deporte puede transformar la diferencia en convivencia cotidiana y pertenencia compartida.

El conflicto de instalaciones y el deber institucional

Desde septiembre-octubre de 2025, el solar de Embajadores 18 (el “campito” emblemático recuperado y cuidado por el propio club y el vecindario) permanece cerrado por obras municipales de acondicionamiento. Los trabajos se paralizaron sine die tras el hallazgo de construcciones subterráneas no previstas. Las alternativas cercanas (Casino de la Reina y otros espacios) también se ven afectadas por obras o limitaciones, dejando a centenares de menores sin un lugar accesible en el barrio para entrenar.

El club y más de un centenar de asociaciones vecinales han denunciado el cierre prolongado, la degradación del espacio y la ausencia de alternativas viables. En octubre de 2026 llegaron a cortar un carril de la Ronda de Valencia para entrenar como forma de protesta. El Ayuntamiento sostiene que se trata de obras de mejora, que los retrasos responden a razones técnicas de seguridad y que aporta una subvención nominativa de 10.000 euros para fichas de quienes no pueden costearlas. Sin embargo, desde la perspectiva del derecho a la práctica deportiva, la cuestión central no es sólo la legalidad formal de las obras, sino la diligencia y previsión con que se gestionan sus consecuencias sobre un proyecto de acreditada utilidad social para el barrio.

Cuando una administración cierra o limita de forma prolongada un espacio utilizado por un club deportivo de base sin garantizar alternativas razonables y próximas, se produce una tensión con el mandato constitucional de fomentar el deporte. En el caso de menores y demás personas en situación de vulnerabilidad, esa tensión adquiere mayor gravedad, porque el acceso al deporte deja de ser una opción de ocio y se convierte en una herramienta de protección, inclusión, desarrollo personal y escudo social.

En contraste, mientras se truncan proyectos como los Dragones de Lavapiés, las Administraciones públicas siguen beneficiando con suma generosidad a las grandes entidades deportivas, a que favorecen con trato preferente en recursos, espacios, atención institucional y sólidos dispositivos de seguridad en sus espectáculos deportivos sufragados con dinero público. El caso de los Dragones de Lavapiés pone de manifiesto que ya es hora de que se cumpla el mandato constitucional del Estado social de derecho y haya más protección, beneficios y recursos para el deporte base y menos privilegios para los clubes millonarios.