Román Gómez Ponti, exresponsable de servicios jurídicos del Barça, ha atribuido a la directiva del club la decisión de pagar 1,7 millones de euros al abogado del expresidente por alcanzar un pacto en el caso Neymar, la primera condena penal a la entidad.
El que fuera director de los servicios jurídicos del Barça declaró este lunes como investigado ante el titular del juzgado de instrucción número 16 de Barcelona a raíz de la denuncia de la Fiscalía que acusa a Bartomeu de desviar cuatro millones de euros en comisiones e intermediaciones, a espaldas del club, en su etapa como presidente del Barça, de 2014 a 2020.
La denuncia deriva del informe 'forensic' que la junta actual del Barça, que encabeza Joan Laporta, remitió en 2022 a la Fiscalía y que detallaba distintas irregularidades contables relacionadas con la compraventa de jugadores.
Una de las operaciones que la Fiscalía ve ilegales es el pago supuestamente indebido de 1,7 millones de euros que el abogado de Bartomeu facturó en 2016 al club por participar en el acuerdo entre el Barcelona, la Fiscalía y la Abogacía del Estado por el que la entidad azulgrana admitió dos delitos contra la Hacienda Pública en el fichaje del delantero brasileño y aceptó pagar una multa de 5,5 millones de euros.
Ese pago al abogado se acordó sin la aprobación de la junta directiva del Barça, a la que el acuerdo se elevó posteriormente, según la Fiscalía, que mantiene en su denuncia que el abogado no intervino en representación del club, porque el único letrado que llevó la defensa del club fue Cristóbal Martell.
El ministerio público sostiene que el letrado tenía perfecto conocimiento del conflicto de intereses existente entre los de la persona física por él defendida, Bartomeu, y los propios del Barcelona como persona jurídica, que ya venía siendo defendida por el letrado Cristóbal Martell.
Según fuentes jurídicas, en su declaración, el investigado se desmarcó de las decisiones sobre la remuneración al abogado, alegando que es una cuestión que no entraba en sus competencias sino que era responsabilidad de la directiva del Barça, mientras él se limitaba a expresar su opinión sobre el asunto.
En cualquier caso, defendió, como ya hiciera Bartomeu, que la minuta del abogado era razonable porque correspondía al 10 % de lo que el Barça se iba a ahorrar gracias a la conformidad del caso Neymar y mantuvo que el letrado sí participó en la negociación del acuerdo, como lo acreditan en su opinión los correos electrónicos que se intercambiaron.
Un testigo de la aseguradora
Ante el juez instructor también declaró este lunes, en calidad de testigo, un responsable de la compañía aseguradora contratada para la defensa de los directivos.
Según este testigo, los honorarios iniciales acordados con González Franco por representar a Bartomeu en el caso Neymar fueron de 200.000 euros, que se abonaron al letrado en mayo de 2017, pero este solicitó posteriormente otras cantidades por su intervención en el caso.
La Fiscalía mantiene en su denuncia que el abogado pudo incluir dichas cantidades en la suma total que, después de comprobar que la compañía aseguradora no le abonaba "las cantidades por él pretendidas en concepto de minuta de honorarios por los servicios prestados".
El testigo apuntaló así la tesis del ministerio público, que cree que el Barcelona acabó sufragando la defensa particular de Bartomeu.
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