El ministro Grande-Marlaska y la seguridad en los estadios

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha querido reducir a una simple cuestión técnica y operativa el informe de la Comisaría General de Seguridad que tres días antes desaconsejaba disputar en Ceuta el partido de la selección sub-20 el próximo 30 de septiembre ante México. 

Sin embargo, el informe policial, firmado el 18 de septiembre, no era una advertencia rutinaria. Recomendaba expresamente a la RFEF trasladar el encuentro a otra sede, al considerar que las circunstancias existentes dificultaban garantizar un dispositivo de seguridad adecuado.

Y las razones eran concretas: previsión de una asistencia superior a la habitual, presión migratoria, tensión social en Ceuta, necesidad de mantener un despliegue extraordinario de efectivos y carencias del estadio Alfonso Murube en materia de coordinación y videovigilancia.

A ello se añadía un plazo de apenas doce días desde que se comunicó la celebración del partido en Ceuta, un margen que la propia Comisaría consideraba insuficiente para evaluar las necesidades y coordinar el operativo.

Grande-Marlaska tiene razón en un aspecto estrictamente formal: el informe policial no constituía, por sí mismo, una prohibición, pero esa precisión jurídica no responde a la cuestión de fondo. Que una recomendación no sea vinculante no significa que pueda ser ignorada cuando se habla de la seguridad de las personas. 

Una cosa es que el partido no estuviera formalmente prohibido y otra, muy distinta, que existieran condiciones suficientes para organizarlo con las garantías exigibles según la Policía. 

Es cierto que correspondía a la RFEF adoptar la decisión definitiva sobre la sede. Pero convertir esa competencia en el argumento central es desviar el eje nuclear del asunto. 

Si la Policía advirtió de dificultades operativas, ¿qué alternativas se pusieron sobre la mesa? ¿Se ofrecieron medios adicionales para solventarlas? ¿Sobre qué elementos concretos se sustenta la afirmación del Ministro de que el partido se podía celebrar si la Federación lo acordaba?

Son preguntas razonables que merecen respuestas concretas. Porque, si las dificultades señaladas por la Policía podían resolverse, el Gobierno debería haber explicado a la RFEF a tiempo cómo. Y si no existían impedimentos relevantes, también tendría que aclarar por qué la Comisaría General  de Seguridad recomendó, apenas tres días antes, buscar con carácter urgente otra sede.

La cuestión no es discutir si la RFEF tenía potestad para mantener el partido. La cuestión es determinar si el Gobierno ha actuado de forma coherente.