F. Europa PressLa Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha denunciado ante la Dirección General de Comercio, Consumo y Servicios de la Comunidad de Madrid las condiciones de venta y acceso establecidas para el Gran Premio de España de Fórmula 1 por limitar derechos básicos, imponer restricciones desproporcionadas y trasladar riesgos al usuario.
La OCU considera que varias de las cláusulas incluidas en los términos y condiciones del evento que se va a desarrollar del viernes 11 al domingo 13 en el circuito Madring pueden vulnerar la normativa de protección de los consumidores y en una nota de prensa difundida este miércoles identifica algunas que considera abusivas.
La asociación de consumidores cita en primer lugar la exclusión del reembolso de la entrada si hubiera cambios de fecha, hora, retraso o interrupción de las sesiones, al considerar que, por ejemplo, si el aficionado ha pagado un abono de 3 días y una jornada se cancela por la lluvia, tiene derecho a una reducción proporcional del precio por el servicio no disfrutado.
Igualmente considera abusiva la limitación de la devolución al precio de la entrada en caso de cancelación del Gran Premio y que si se diera esta situación el aficionado tiene derecho al reembolso añadido de los gastos de transporte y alojamiento cuando la cancelación es imputable al organizador.
También critica la OCU la posibilidad de modificar unilateralmente la asignación de asientos sin previo aviso y advierte que el empresario solo podría hacerlo por una causa justificada y únicamente comunicándolo previamente al aficionado.
Además, esta asociación ha comunicado a la Dirección General de Comercio, Consumo y Servicios de la Comunidad de Madrid otras dos malas prácticas:
Por un lado, la prohibición de reentrada al recinto una vez que se sale y la imposibilidad de acceder con alimentos o bebidas adquiridos fuera del evento.
Para OCU, estas condiciones generan un desequilibrio contractual entre organizador y consumidor y recuerda que la normativa de protección de los consumidores prohíbe cláusulas que limiten o excluyan derechos reconocidos legalmente, así como aquellas que impongan obstáculos desproporcionados para su ejercicio.





















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