El jugador no juega siempre donde quiere

Ha quedado demostrado este verano con el culebrón de Julián Álvarez que el jugador no juega siempre donde quiere.

Además, es un conflicto español en el que la FIFA no puede entrar. La normativa internacional cambiará, además, en enero de 2027.

Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, dice siempre que «los jugadores acaban jugando donde quieren». Pero esto no es cierto, o al menos no se cumple en todos los casos. El ejemplo más reciente y evidente lo hemos tenido este verano con el rojiblanco Julián Álvarez. El argentino estaba como loco por marcharse al Barcelona, pero el Atlético de Madrid se ha cerrado en banda, acogiéndose a la cláusula de rescisión del futbolista, fijada en 490 millones de euros. Nunca ha querido escuchar ni atender la oferta que puso sobre la mesa el equipo azulgrana.

Las cláusulas de rescisión son un mecanismo legal prácticamente exclusivo del fútbol español, establecido en virtud del Real Decreto 1006/1985, que regula la relación laboral especial de los deportistas profesionales, entre ellos los futbolistas. El club puede acogerse a la cláusula si no quiere negociar.

No es menos cierto que el jugador podría haber optado por resolver unilateralmente su contrato, en el caso de Julián Álvarez, el vigente hasta 2029. Pero esta decisión habría llevado el conflicto ante la justicia ordinaria española, que habría tenido que determinar la indemnización que correspondería al club rojiblanco y que debería abonar el Barcelona de manera subsidiaria. Habría sido una estrategia arriesgada, pero Julián Álvarez habría podido jugar en el club azulgrana y la cantidad que finalmente hubiera tenido que pagar al Atlético probablemente nunca se habría acercado al importe total de su cláusula de rescisión.

Se trata de un conflicto en el que la FIFA no ha podido entrar porque afecta a dos clubes del mismo país. Lo mismo ha ocurrido con Gakpo en Inglaterra. Otra cosa bien distinta sería que los afectados pertenecieran a dos ligas diferentes. En ese caso, sí tendría potestad el máximo organismo del fútbol mundial para actuar y establecer sanciones duras tanto para el jugador como para el club cuando se rompe un contrato sin causa justificada y el futbolista se encuentra bajo el paraguas del denominado período protegido.

En función de la edad del futbolista, este período comprende los tres primeros años de contrato, los dos primeros o incluso el primer año. Si es el jugador quien rompe el contrato sin causa justificada, puede ser sancionado con hasta cuatro meses sin jugar, salvo con su selección. Si es el club de destino el que induce al futbolista a romper su contrato, puede ser sancionado con la prohibición de inscribir nuevos jugadores durante hasta dos ventanas de fichajes.

Una normativa de la FIFA que cambiará a partir del 1 de enero de 2027, con distintos baremos y sanciones para los clubes en función de si se trata de la primera, segunda, tercera o incluso posteriores ocasiones en las que hayan inducido a un futbolista a romper su contrato con su club sin causa justificada.

Llegados a este punto, está claro que no siempre los jugadores juegan donde quieren. Como tampoco los clubes consiguen que los futbolistas abandonen un equipo cuando quieren. También en este caso los jugadores están protegidos.

Pero este asunto será motivo para abordarlo en el futuro.