F. Europa Press
El coportavoz estatal de Podemos, Pablo Fernández, ha pedido este miércoles que se expulse a Marruecos de la coorganización de la Copa Mundial de la FIFA 2030, definiendo a dicho país como una "dictadura" que "atenta contra la soberanía de España" a raíz de la reciente crisis migratoria en Ceuta.
En este sentido, Fernández ha expresado en las redes sociales y en declaraciones a la cadena 'Cuatro' que España debe organizar el torneo solamente con Portugal y que, en su opinión, Marruecos no debería ni siquiera jugar la competición, al igual que "todas las dictaduras".
El dirigente 'morado' ha tildado a Marruecos como una "dictadura que no respeta los derechos humanos" y la ha responsabilizado de los muertos durante una "operación política orquestada contra España", en alusión a la crisis migratoria del pasado jueves.
Esta petición es similar a la de Nahuel González, dirigente de IU y diputado de Sumar en el Congreso, quien ha considerado que España no debería acoger el torneo con un país que utiliza a "gente desesperada para sus intereses geoestratégicos", en referencia a Marruecos.
De hecho, Sumar quiere que el Congreso se pronuncie sobre si conviene replantear la coorganización del Mundial con Marruecos y que inste al Gobierno a estudiar esa posibilidad junto con la FIFA, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y el Gobierno de Portugal.
Así consta en la proposición no de ley que el grupo minoritario del Gobierno ha registrado en el Congreso de los Diputados. Esa iniciativa lleva la firma del propio Nahuel González, quien el pasado lunes lanzó en X la idea de romper la alianza con Marruecos de cara a este evento.
"El fútbol no puede servir para blanquearlo todo", asevera Sumar en el texto, recogido por Europa Press. Así, la proposición plantea que, si la FIFA rechazase esa revisión, el Gobierno debería exponer alternativas y "actuar de manera coherente con los principios democráticos y de derechos humanos" que sustentan la acción exterior de España.
En la misma iniciativa, Sumar defiende la necesidad de "realizar una revisión y evaluación específica del actual modelo de organización conjunta" del torneo a la luz de los "graves acontecimientos ocurridos en la frontera de Ceuta", así como de los antecedentes señalados por el Parlamento Europeo y de los compromisos en materia de derechos humanos.
En este punto recuerda que el Parlamento Europeo ya rechazó en 2021 "el uso por parte de Marruecos del control fronterizo y de la migración (...) como mecanismo de presión política contra España".
Sumar, que quiere que el Gobierno informe al Congreso de las conclusiones de esa revisión, también busca que la RFEF active los mecanismos previstos por la FIFA para revisar el cumplimiento del artículo 3 de sus Estatutos, relativo al respeto de los derechos humanos internacionalmente reconocidos.
HACER PARTÍCIPE AL CONGRESO
El grupo plurinacional solicita, asimismo, que la RFEF reclame una "evaluación independiente, pública y actualizada de riesgos para los derechos humanos" en los países anfitriones y promueva mecanismos permanentes de seguimiento durante todo el ciclo de preparación del torneo.
Sumar quiere hacer partícipe al Congreso de todo este proceso y emplaza al Gobierno a remitir en un plazo máximo de seis meses un informe sobre las garantías asumidas, los fondos públicos comprometidos, las alternativas al actual modelo de coorganización y las consecuencias de cada escenario.
También exige que el Gobierno comparezca en la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes para informar sobre sus gestiones y sobre la evaluación del impacto de la crisis de Ceuta en los compromisos de derechos humanos vinculados al Mundial.
CLÁUSULAS PERMANENTES SOBRE DERECHOS HUMANOS
Otra de las peticiones de Sumar es que el Ejecutivo impulse ante la FIFA una reforma de los procedimientos de adjudicación y seguimiento de grandes competiciones para incorporar cláusulas permanentes, independientes y exigibles de derechos humanos, incluida la posibilidad de retirar la condición de anfitrión en caso de incumplimientos graves.
Por último, el socio minoritario del Gobierno, que ya ha pedido a la ONU investigar la actuación de Marruecos en la crisis migratoria de Ceuta, reclama el esclarecimiento independiente de los hechos, la identificación de las personas fallecidas y desaparecidas y la depuración de responsabilidades.
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