Marc Ciria pide un imposible tras las elecciones que ganó legalmente Laporta

En las últimas elecciones del Barcelona, Marc Ciria no pudo ser candidato porque le faltaron 90 avales. Presentó 2.845 boletos de apoyo, de los que 2.247 fueron considerados válidos por la junta electoral y 598 anulados por distintos motivos, como la falta de fotocopia del DNI o errores en el número de socio.

Tras la resolución del Tribunal Catalán del Deporte (TCE), con un fallo difícil de entender —estima parcialmente el recurso para a continuación desestimarlo y acabar confirmar la resolución recurrida—, Ciria ha pedido al club que “acate la sentencia” y le proclame candidato una vez revisados unos 300 avales rechazados, cuando el tribunal no ordenó retrotraer el proceso y dejó claro que las elecciones no han de repetirse.

Esa petición carece de sentido y es imposible que pueda prosperar. El Tribunal no le reconoce como candidato; al contrario, afirma expresamente que no puede serlo. Tampoco ordena retrotraer el proceso electoral al recuento de avales, ni Ciria lo solicitó en su recurso. Estamos por tanto ante un proceso electoral concluso, donde ya no cabe proclamación de candidatura alguna.

¿Por qué sigue abierto el debate?

El artículo 48.5 de los Estatutos del Barça establece que la junta electoral comprobará la validez de los avales y estará facultada para requerir a candidatos o socios la aportación de datos necesarios para verificar su autenticidad.

La cuestión discutida es si la junta electoral debía haber requerido posteriormente a los socios cuyos avales fueron anulados, como sostiene Marc Ciria.

Las respuestas parecen claras:

1. ¿Estaba obligada a hacerlo? No.

2. ¿Podía hacerlo? Sí, pero optó por seguir el criterio aplicado en procesos anteriores.

3. ¿Debía justificar esa decisión? No.

4. ¿Puede ser sancionada por ello? Tampoco.

5. ¿Conocían los precandidatos las reglas de validación? Sí. Todos aceptaron esos criterios y solo recurrieron cuando no alcanzaron el número mínimo de avales.

6. ¿Alguno impugnó previamente esos criterios por ser contrarios a los estatutos? No consta.

El artículo 48.5 resulta suficientemente claro. Si la junta electoral actuó conforme a esa redacción, difícilmente cabía estimar una impugnación. Sin embargo, Marc Ciria decidió continuar la vía legal hasta el Tribunal Catalán del Deporte.

El TCE concluye lo que parecía previsible: Ciria no tiene derecho a ser proclamado candidato porque no alcanzó el mínimo de avales exigido y confirma, en esencia, la decisión del Comité de Apelación.

El TCE inventa el "recurso declarativo"

El problema aparece cuando el Tribunal introduce la idea de un supuesto “recurso declarativo” en un proceso electoral y entra a valorar cómo debía ejercer la junta electoral unas facultades que los estatutos configuran como potestativas. Si los socios hubieran querido imponer una obligación, los estatutos habrían utilizado un verbo imperativo. Sin embargo, hablan de una junta que “estará facultada”, no “estará obligada”.

Pese a ello, Marc Ciria ha intentado convertir esa facultad en una obligación, primero ante el Comité de Apelación y después ante el TCE.

Ese “recurso declarativo” vendría a significar: no se pide anular el proceso, ni repetir ninguna fase electoral, sino que simplemente se declare un derecho a ser candidato.

Resulta llamativo que el Tribunal afirme que no puede sustituir a la junta electoral y, al mismo tiempo, le reproche cómo ejerció unas facultades que la norma no le imponía. Más difícil aún es entender que estime parcialmente el recurso por ese motivo.

¿Puede el TCE reinterpretar los estatutos hasta transformar una potestad en una obligación? Esa conclusión resulta difícil de sostener.

Además, el propio Tribunal califica esos requerimientos posteriores como un instrumento “especialmente idóneo”. Pero una cosa es que una actuación sea conveniente y otra muy distinta que sea obligatoria.

Por eso resulta contradictorio estimar parcialmente el recurso y, acto seguido, negar a Ciria la condición de candidato, desestimar su pretensión y confirmar el resto de la actuación del Comité de Apelación.

En definitiva, el Tribunal reprocha a la junta electoral no haber utilizado una facultad que los estatutos no le imponían. Ese reproche, sin embargo, no proporciona base jurídica para que Marc Ciria pueda exigir al Barcelona que lo proclame candidato con efectos retroactivos.