Licencias, impuestos y consumidores: los tres ejes del debate sobre apuestas online en Chile

Chile atraviesa uno de los momentos más decisivos de su historia reciente en materia de regulación del juego digital. Mientras la selección chilena de fútbol queda fuera del radar mundialista, el negocio que rodea las apuestas deportivas online no ha dejado de crecer: los 16 clubes de Primera División mantienen contratos de patrocinio con casas de apuestas, y millones de usuarios siguen apostando en plataformas que operan sin ningún tipo de habilitación legal en el país. El problema es tan evidente que ya no se discute si Chile necesita una ley, sino qué forma debe tener.

Un vacío regulatorio que el Congreso lleva años tratando de cerrar

La Ley 19.995, que rige los casinos físicos en el país, excluye expresamente al juego en línea de su ámbito de aplicación. Eso ha dejado a las plataformas digitales operando en un limbo jurídico que la Corte Suprema ha calificado como una actividad ilícita, pese a lo cual centenares de sitios siguen accesibles para el público chileno.

El proyecto que busca poner fin a esa situación, y "regula el desarrollo de plataformas de apuestas en línea", ingresó al Congreso en marzo de 2022 y desde entonces ha tenido un recorrido irregular: aprobación en la Cámara de Diputados en 2023, pasó al Senado, aprobación en general con amplia mayoría y, más recientemente, una resolución del Servicio de Impuestos Internos que reabrió la discusión al permitir que plataformas extranjeras se inscriban para pagar IVA en Chile sin estar autorizadas a operar.

Según reportó Emol, sobre el proyecto para regular las apuestas online, esa medida fue interpretada por gremios del sector como una forma de regularización encubierta, en momentos en que el Ejecutivo había bajado la urgencia legislativa del proyecto.

Licencias: quién podrá operar y bajo qué reglas

El corazón del proyecto es la creación de un sistema de licencias otorgadas por una autoridad rediseñada para la ocasión: la Superintendencia de Casinos, Apuestas y Juegos de Azar. Los operadores que quieran entrar al mercado formal deberán constituirse como sociedades en Chile, declarar el origen de sus fondos e identificar a sus accionistas y beneficiarios finales.

Una de las cláusulas más discutidas es la que podría rechazar licencias a empresas que hayan ofrecido servicios de apuestas al público chileno antes de la entrada en vigencia de la ley, lo que generaría un escenario complejo para varios de los operadores internacionales que hoy ya tienen presencia de facto en el país.

Chile no es el primer país de la región en transitar este camino. Colombia lleva casi una década operando bajo un esquema de licencias centralizado en un regulador estatal, un modelo que Iusport ha analizado en detalle en su cobertura sobre el modelo regulatorio colombiano del juego online, que se convirtió en referente para la región tras la aprobación de su primera ley de juego en internet a finales de 2016.

La experiencia colombiana muestra que un sistema de licencias bien diseñado puede canalizar hacia la formalidad a una parte importante del mercado, aunque el proceso rara vez es inmediato.

Dónde informarse mientras la ley sigue su curso

Mientras el proyecto avanza en el Congreso, buena parte del público chileno sigue relacionándose con las apuestas a través de plataformas cuya situación legal es, cuando menos, ambigua.

En ese contexto, medios especializados en el seguimiento de la actualidad futbolística y sus vínculos comerciales, como Prensa Fútbol, se han convertido en una referencia para quienes buscan entender cómo operan estas plataformas antes de que exista un marco regulatorio definitivo.

Este tipo de medios ofrecen reseñas especializadas de códigos promocionales que otorgan empresas como Jugabet. Aquí se podrá encontrar información sobre las condiciones de cada operador, sus políticas de verificación de identidad y más. sus herramientas de juego responsable es, hoy por hoy, la única forma que tiene el usuario chileno de tomar decisiones con algo de criterio en un mercado aún en desarrollo.

Impuestos: la carga tributaria que divide a la industria

Si las licencias definen quién puede jugar, los impuestos definen si vale la pena hacerlo. El esquema tributario aprobado en general por el Senado combina un IVA del 19% con un gravamen sobre el GGR (Gross Gaming Revenue) que, sumado a otros tributos corporativos, podría llevar la carga efectiva hasta cifras cercanas al 30% en algunos borradores legislativos.

El Ministerio de Hacienda ha detallado que el régimen se inspiró en el que ya aplica a los casinos físicos, permitiendo a los operadores recuperar créditos fiscales por gastos como publicidad y software, y estableciendo además un gravamen específico del 2% sobre los ingresos brutos de apuestas deportivas destinado a financiar al deporte nacional a través del Instituto Nacional del Deporte.

Ese último punto no es menor: un tercio de esos recursos iría a las federaciones deportivas, un tercio al Comité Olímpico y un tercio al Comité Paralímpico.

Para una industria que hoy financia buena parte de la publicidad del fútbol profesional chileno, la contrapartida de aportar directamente al sistema deportivo nacional es una forma de legitimar su presencia en el ecosistema. Sin embargo, voces del sector advierten que una carga tributaria demasiado alta podría producir el efecto contrario al buscado: en lugar de atraer a los operadores hacia la formalidad, terminaría empujándolos a permanecer offshore, donde la presión fiscal es menor o inexistente.

Consumidores: protección, menores y la omnipresencia publicitaria

El tercer eje del debate es, probablemente, el más sensible desde el punto de vista social. Según datos de la Superintendencia de Casinos y Juegos, más de 900 plataformas de apuestas operan actualmente fuera de la ley en Chile, y reportes de la industria calculan que las principales webs de juego online registraron más de 72 millones de accesos solo en el primer trimestre de este año, un 8% más que en el mismo período del año anterior.

La omnipresencia publicitaria del sector en el deporte —los 16 equipos de Primera División tienen al menos un patrocinador vinculado a las apuestas— ha encendido las alarmas de varios sectores del Congreso, que insisten en la necesidad de limitar la exposición de menores y públicos vulnerables a este tipo de publicidad.

El proyecto de ley contempla justamente medidas en esa línea: verificación obligatoria de identidad para los jugadores, bloqueo de sitios no autorizados y restricciones a la forma en que los medios de comunicación pueden promocionar plataformas de apuestas.

La discusión, en el fondo, no es solo sobre cuánto dinero puede recaudar el Estado, sino sobre qué tipo de mercado quiere construir Chile: uno que proteja al usuario desde el diseño, o uno que corrija los problemas después de que aparezcan.

Este artículo tiene fines informativos y no constituye una recomendación para apostar. Las apuestas deportivas y los juegos de azar conllevan riesgos financieros y pueden derivar en conductas problemáticas si no se practican con límites claros.

En Chile, el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA) ofrece orientación gratuita y confidencial sobre adicciones conductuales, incluida la ludopatía, a través de su línea nacional 1412. El acceso al juego debe estar reservado exclusivamente a personas mayores de 18 años.