Coventry y las razones para levantar el veto a los deportistas rusos

No puede decírse que la nueva presidenta del COI, Kirsty Coventry, en los pocos meses que lleva de mandato al frente del COI, al que llegó en junio de 2025, se esté caracterizando por el continuismo o el inmovilismo.

Antes al contrario, desde que asumió la presidencia ha cogido varios toros por los cuernos. Uno fue el problema de la participación de los transexuales. Y otro que ha generado mucha polémica ha sido el levantamiento del veto los deportistas rusos. 

La posibilidad de levantar el veto que impide a Rusia participar plenamente en las competiciones deportivas internacionales vuelve a abrir un debate que trasciende el ámbito deportivo. La cuestión no consiste en valorar o justificar las decisiones de un gobierno, sino en responder a una pregunta de fondo: ¿debe el deporte convertirse en una herramienta de sanción política o debe preservar su vocación de espacio neutral y universal?

La historia del deporte moderno se ha construido sobre un principio sencillo pero poderoso: la competición reúne a personas de diferentes países, culturas e ideologías bajo unas mismas reglas. En un estadio, una pista o una piscina no compiten gobiernos ni ejércitos; compiten deportistas que han dedicado años de esfuerzo y sacrificio para alcanzar la élite. Identificar a esos atletas con las decisiones de sus dirigentes supone trasladar una responsabilidad colectiva que difícilmente puede considerarse justa.

El principio de autonomía del deporte ha sido uno de los pilares del movimiento olímpico desde sus orígenes. Si las federaciones internacionales comienzan a decidir quién puede competir en función de conflictos políticos, el precedente resulta peligroso. Las tensiones internacionales han existido siempre y, lamentablemente, seguirán existiendo. Convertir las competiciones en una prolongación de la política exterior implica abrir una puerta difícil de cerrar y cuya aplicación acabaría dependiendo de criterios variables y, en ocasiones, contradictorios.

No se trata de ignorar la realidad internacional ni de restar importancia a los conflictos. Se trata de reconocer que el deporte cumple precisamente una función distinta. Durante décadas, incluso en los momentos más tensos de la Guerra Fría, los encuentros deportivos sirvieron para mantener abiertos canales de comunicación cuando otros espacios estaban completamente bloqueados. La diplomacia del deporte demuestra que la competición puede contribuir al entendimiento allí donde la política fracasa.

Además, las sanciones deportivas plantean un evidente problema de proporcionalidad. Miles de deportistas quedan excluidos de Juegos Olímpicos, campeonatos mundiales o europeos por circunstancias sobre las que no tienen capacidad de decisión. Muchos ni siquiera han realizado manifestaciones políticas públicas; simplemente ven truncada una carrera deportiva que, en muchos casos, depende de un corto periodo de máximo rendimiento. Castigar a quienes no han cometido infracción deportiva alguna supone desvirtuar los principios básicos de igualdad y mérito que deberían regir cualquier competición.

Quienes defienden mantener el veto argumentan que el deporte no puede ser ajeno a los valores y que las federaciones tienen la obligación de enviar mensajes claros ante determinadas situaciones internacionales. Es una posición comprensible. Sin embargo, también conviene preguntarse si la coherencia de ese criterio ha sido uniforme en todos los conflictos ocurridos en el mundo. La percepción de que unas situaciones reciben un tratamiento distinto de otras puede erosionar la credibilidad de las instituciones deportivas y alimentar la idea de que las decisiones responden más a equilibrios geopolíticos que a principios objetivos.

Precisamente por ello, preservar la neutralidad del deporte fortalece su legitimidad. Las reglas deben aplicarse por igual a todos los participantes y las sanciones deberían responder exclusivamente a infracciones deportivas, como el dopaje, el amaño de competiciones o la vulneración de los reglamentos. Cuando el criterio deja de ser deportivo y pasa a depender de circunstancias políticas, el terreno de juego deja de ser un espacio de igualdad.

Levantar el veto a Rusia no significaría aprobar las actuaciones de su Gobierno ni renunciar a las posiciones diplomáticas que cada Estado considere oportunas. Significaría, simplemente, devolver al deporte la función para la que fue concebido: competir, unir y demostrar que la convivencia es posible incluso cuando las relaciones entre países atraviesan sus peores momentos.

El deporte no resolverá los conflictos internacionales, pero tampoco debería convertirse en una víctima más de ellos. Si realmente creemos que posee un valor universal, debemos proteger su independencia frente a las disputas políticas. Solo así seguirá siendo uno de los pocos lenguajes capaces de unir a personas que, fuera del estadio, quizá nunca llegarían a encontrarse.