F. Europa Press
La Fiscalía de Barcelona ha iniciado una investigación para determinar si el acuerdo de patrocinio firmado entre el FC Barcelona y la República Democrática del Congo pudo implicar la comisión de delitos, según adelantó El Confidencial.
La actuación judicial se produjo tras una denuncia presentada por dos ciudadanos congoleños residentes en Francia ante la Fiscalía Anticorrupción española, que remitió el caso a la fiscalía barcelonesa.
Los denunciantes cuestionan la legalidad del contrato y señalan un posible uso indebido de fondos públicos por parte del ministro de Deportes congoleño, Didier Budimbu, así como la posible responsabilidad del FC Barcelona y de los directivos que participaron en la operación.
El convenio, firmado por cuatro años, prevé unos ingresos de entre 40 y 46 millones de euros hasta 2029 para el club.
La denuncia forma parte de una estrategia judicial internacional, ya que existen investigaciones similares en Francia y Mónaco por contratos de patrocinio suscritos entre el Gobierno congoleño y clubes europeos.
En esos procedimientos se analizan posibles delitos de corrupción, malversación, tráfico de influencias y blanqueo de capitales.
Los denunciantes sostienen que el contrato se formalizó sin licitación pública, sin respaldo presupuestario y sin autorización parlamentaria en la República Democrática del Congo, y consideran que carece de una finalidad pública real.
También destacan que el país atraviesa una grave crisis humanitaria, mientras el fútbol nacional sufre falta de financiación, estadios sin homologación y competiciones suspendidas.
Además, la denuncia sostiene que el Barcelona no habría realizado una diligencia debida suficiente antes de cerrar el acuerdo, especialmente por los antecedentes atribuidos al ministro Didier Budimbu y por el papel del intermediario Aurélien Logeais, cuya empresa modificó su objeto social poco antes de participar en este tipo de contratos.
El escrito concluye que el club debía haber detectado diversas señales de riesgo y solicita que se investigue la posible responsabilidad penal de todos los implicados.
Por su parte, Joan Laporta ha defendido el acuerdo, afirmando que fue sometido a controles de integridad, que supone una importante fuente de ingresos para el club y que también persigue objetivos sociales y de desarrollo para la juventud congoleña.
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