¿Quo Vadis, FIFA?: el Estado de Derecho en el mundo del deporte

El llamado "Balogungate", es decir, la revocación de la sanción automática al delantero estadounidense Folarin Balogun tras la llamada reconocida por el propio Donald Trump a Gianni Infantino, no es un incidente aislado. Es un síntoma del ocaso de las democracias y las instituciones. Como todo síntoma, sólo se entiende bien si se mira dentro de un cuadro clínico más amplio: el de un poder político que, en los últimos años, ha normalizado la injerencia directa en instituciones que se suponían resistentes frente al poder externo: desde los últimos procesos electorales en las Américas y Europa hasta la propia OTAN y, cómo no, también en la FIFA.

La erosión del principio de legalidad

El Estado de derecho no es una abstracción reservada a los tribunales constitucionales; es una exigencia de legitimación democrática concreta: la norma vincula a todos los sujetos por igual y ningún actor, por preeminente que sea, puede arrogarse su exención. Cuando la FIFA suspende la sanción disciplinaria automática a Folarin Balogun inmediatamente después de que el presidente del país coanfitrión admitiera haber intercedido en el proceso –en una resolución que la UEFA ha calificado de “sin precedentes, incomprensible e injustificable”– el debate ya no versa sobre el acierto técnico de la tarjeta roja. Lo que se cuestiona es la vigencia del propio ordenamiento de la FIFA, o su degradación a una variable transaccional subordinada al sujeto pasivo a quien se le ha de aplicar.   

En el plano estrictamente jurídico, los argumentos exculpatorios carecen de validez. La independencia de un órgano resolutorio no se agota en la regularidad formal del procedimiento; exige, de manera concurrente, la ausencia de toda apariencia de parcialidad (doctrine of appearances). La afirmación de Gianni Infantino defendiendo la “autonomía” de los comités disciplinarios resulta sospechosa: la estricta concomitancia temporal entre la presión del Ejecutivo estadounidense, su difusión pública y el levantamiento inmediato de la sanción destruye la presunción de neutralidad que es exigible y consuma un daño reputacional irreversible para la gobernanza de la FIFA .

Del mundial de fútbol a la arquitectura de las democracias

Lo verdaderamente alarmante es que esta flexibilización de la norma ante el poder de presión fáctico no constituye un fenómeno aislado del ecosistema deportivo, que también hemos visto en el COI. Responde a un patrón de asimetría institucional perceptible y en otros dos tableros de la geopolítica actual en este 2026. Por un lado, en los procesos electorales de las Américas y Europa, caracterizados por la injerencia explícita de Donald Trump en favor de candidaturas de extrema derecha. Y, por otro, en el seno de la OTAN, donde las exigencias de Washington para elevar el gasto militar al 5% del PIB han hallado en su secretario general, Mark Rutte, una alineación acrítica e incondicional tan impúdica que sonroja. 

La revocación de la sanción a Balogun, la inédita creación de un “Premio de la Paz” confeccionado a la medida de Trump y la lenidad sistemática dispensada a figuras de la Major League Soccer como Lionel Messi, configuran indicios concurrentes de un alineamiento de la FIFA con los intereses estratégicos de los Estados Unidos. El acatamiento de las reglas disciplinarias no es un mero formalismo procedimental; constituye el fundamento de la legitimidad de origen y de ejercicio de la institución. Al quebrar la igualdad de armas, la FIFA no incurre e n un error aislado, sino en una quiebra estructural: la excepción se codifica como precedente y éste, a su vez, instituye una cultura corporativa viciada, que socava las instituciones y deslegitima su autoridad. En este escenario de desviación de poder, la pregunta relevante ya no es”¿quid iuris?” (¿qué dice la norma?), sino a quién beneficiará la resolución a adoptar.

Una defensa inequívoca del Estado de derecho

Al igual que sucede con los Estados, la legitimidad de los organismos transnacionales depende de su sumisión al imperio de la ley. Ninguna institución multilateral que aspire a la credibilidad puede modular la aplicación de sus estatutos en función de la capacidad de coacción de quien los conculca. Este estándar vincula a la FIFA frente a la aplicación de su normativa. Rechazar la injerencia indebida no es un posicionamiento ideológico; es el requisito mínimo para que las reglas del juego, tanto en las instituciones democráticas como en el Derecho deportivo, conserven su eficacia jurídica. La advertencia formulada por Joseph Blatter, al preguntar “Quo vadis, FIFA?”, cuando reaccionó frente a la deriva que él mismo inició, resulta muy significativa. Cuando el Derecho y quienes deben aplicarlo se doblegan ante el poder político, no sólo se altera una decisión particular, se desmantela la única garantía que justifica la existencia de un ordenamiento regulatorio: la universalidad de sus reglas y la igualdad de su aplicación.