Aurelio y Luigi De Laurentis, investigados por bancarrota fraudulenta del equipo del Bari

Aurelio De Laurentis, presidente del Consejo de Administración del Nápoles, y su hijo Luigi, administrador del Bari, se encuentran bajo investigación por presunta bancarrota fraudulenta del club del Bari.

La Guardia de Finanza (Policía Financiera Italiana) comunicó este martes en una nota que está llevando a cabo registros en las oficinas de los clubes de fútbol Bari y Napoli por los posibles delitos de comunicaciones corporativas falsas sobre el Bari correspondientes a 2024, así como a procedimientos fraudulentos relacionados con la solicitud de bancarrota presentada para la insolvencia del mismo club deportivo. El Bari descendió recientemente a la Serie C.

También se investiga la venta al Napoli del futbolista Elia Caprile, adquirido del Bari por el club inglés Leeds.

El jugador fue vendido al Napoli en julio de 2023 por 2,2 millones de euros, sin que el Bari recibiera parte alguna de la posible plusvalía.

Tras dos temporadas en el Napoli, Caprile fue vendido al Cagliari por 8 millones de euros, obteniendo —según los investigadores— una plusvalía de 7 millones de euros, de la que el Bari también debería haberse beneficiado, explicaron los medios.

Además se están haciendo registros en la sede de Filmauro en Roma, accionista único de ambos clubes de fútbol.

También se está analizando la documentación en mano a los directores deportivos Ciro Polito (ex del Bari), Cristiano Giuntoli y Mauro Meluso (ex del Napoli) y del agente Graziano Battistini, quien seguía al futbolista Elia Caprile, quienes no están siendo investigados.

"La orden surge de un análisis exhaustivo de los estados financieros, las notas explicativas y los informes de gestión de la empresa con sede en Bari, realizado con el apoyo de consultores técnicos. Estas investigaciones revelaron que la mencionada entidad, que está experimentando una pérdida sistémica (aproximadamente 30 millones de euros entre 2019 y 2025), se encuentra lastrada por importantes déficits financieros y una elevada exposición a la deuda, sin un plan de reestructuración concreto", explica la Guardia de Finanza.